Se realizó la instalación donde funcionó la sala 8 como centro de detención, tortura y omisión de asistencia de militantes políticos y sociales entre 1968 y 1985. En la sede del centro de salud, en 8 de octubre estuvieron presentes el presidente de la Comisión, Nicolás Pons, junto a representantes del PIT-CNT y de los solicitantes.
Esta acción se realiza en el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Hasta el momento se han instalado placas conmemorativas en lugares representativos de Canelones, Durazno, Tacuarembó, Soriano, Rio Negro, Montevideo, Treinta y Tres, Colonia y Rivera.
Pons ha expresado que, “a la luz de los actos sucedidos en aquella época, se configura este reconocimiento público del Estado uruguayo ante delitos de lesa humanidad cometidos en estos lugares, en el marco de una política pública que promueve acciones simbólicas tendientes a honrar la memoria histórica de las victimas de Estado y del uso ilegitimo del mismo”.
«Pasaron años de aquellos años y, en el día de hoy, se condena no como mero acto administrativo, sino por el contrario, confiados en que esa parte de la historia nacional también es fundamental darla a conocer, enseñarla y aprender de ella?, sintetizó.
Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República de febrero de 2015, miles de funcionarios públicos fueron destituidos, 250.000 exiliados, más de 6.000 presos políticos, 209 asesinatos políticos y 192 detenidos desaparecidos, de los cuales 151 de ellos fueron víctimas del Plan Cóndor.
Observatorio Latinoamericano de Memorias 