Juan Manuel Laprovitta, ellitoral.com.ar

Un colectivo de organizaciones y militantes de Derechos Humanos junto a funcionarios determinaron ayer profundizar las gestiones para lograr que sea declarado sitio de memoria y tenga utilidad social el sector del regimiento de Corrientes donde funcionó el centro clandestino de detención de la dictadura.
Organismos de derechos humanos, de ex presos políticos, militantes, así como el Instituto Municipal de Promoción de Derechos Humanos de esta capital, tanto como la Dirección de Derechos Humanos de Goya, decidieron en la tarde de ayer avanzar en gestiones ante el Estado Nacional para conseguir que el ex centro clandestino de la dictadura sea declarado sitio de memoria y se puedan realizar allí actividades institucionales con un fin social.
En el encuentro, realizado en el Archivo Municipal de la Memoria, ex Casa Molina de esta capital, también se acordó integrar a las gestiones a los estados provincial y comunal.
En ese aspecto, participaron el presidente y los vocales del Instituto de Derechos Humanos de la gestión del intendente Fabián Ríos, Miguel Miño, Rosario Ayala y Hermindo González, quien argumentó en torno a la situación de dominio del lugar, un área donde se encuentra un galpón con paredes de madera dentro del ex Regimiento de Infantería 9, donde el terrorismo de estado alojó alrededor de 100 víctimas.
El encuentro de los organismos surgió ante la pretensión del Ejército de recuperar ese espacio, por lo que recientemente la fuerza solicitó formalmente ante el juzgado federal de Carlos Soto Dávila que se le otorgue la utilidad para uso militar. Por ese pedido la semana pasada se concretó en el lugar una inspección ocular de la que participó el secretario judicial Javier Otazo, así como el fiscal federal Juan Martín García, el actual jefe de la Compañía de Monte 12 que se encuentra en el regimiento, Adrián Miradelli y el abogado querellante en causas de lesa humanidad, Ramón Leguizamón.
Es que sobre el predio está vigente una medida cautelar dictada por el juez Soto Dávila en 2004, cuando inició la instrucción del que luego fue el primer juicio por crímenes cometidos por la dictadura en Corrientes, que concluyó en 2008. Pero también está abierta la causa conocida como “Séptima Brigada”, por lo cual el ex centro clandestino de detención aloja evidencias valiosas para esa investigación.
Ahora, las organizaciones de derechos humanos intentarán formalizar las gestiones oficiales ante el Ministerio de Defensa de la Nación y la oficina de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En ese aspecto, trascendió ayer la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de acompañar el objetivo de los organismos, activando resortes oficiales en la esfera nacional.