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Por Juan José Azpelicueta

En la Edad Media, y aún se ve en algunas poblaciones rurales europeas, los habitantes se surtían de agua para su sed, su aseo y su comida, por medio de fuentes o fontanas comunitarias de las que obtenían el vital líquido utilizando cántaros, ánforas o vasijas. Tal situación provocó que el escritor Ralph Waldo Emerson acuñara su frase: “Los sucesos, como el agua, deben beberse en la fuente”.
Como hace bastante tiempo pulula un relato mendaz sobre lo que pasaba en nuestro país en los años setenta del siglo pasado y, por mi parte, he sido contemporáneo de los sucesos, me arrogo el derecho de réplica para formular una refutación a aquél, acotándole por ahora al manoseado tema del día 24 de Marzo y de la ideologización de su significado histórico.
En efecto, ante sendas interpretaciones del administrador aduanero del Gobierno Nacional respecto de tales sucesos y del número de desaparecidos, se alzaron las voces de quienes se adueñaron de propia autoridad de los derechos humanos y de quienes se victimizan permanentemente con la recurrencia a aquellos. Los profesionales de la protesta llegaron hasta pedir la renuncia del osado Gómez Centurión, culpándolo de cometer la herejía de arremeter contra datos “indiscutibles” e “ineluctables”, de consistencia mineral, de nuestro pasado reciente. Asimismo, la actual diputada nacional Nilda Garré ha presentado un proyecto de ley para incorporar al Código Penal, mediante un artículo, la sanción del negacionismo. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos, quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad”, consigna el proyecto presentado por la ex montonera, la “Comandante Teresa”, el que agrava la pena si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años e inhabilitación por el doble de la condena.
Para evitar cualquier suspicacia manifiesto que no comparto que no hubiera, por parte de la Junta Militar procesista, un plan sistemático de desaparición de personas, pues el sólo hecho que Gómez Centurión admita que hubo ocho mil desaparecidos (“ocho mil verdades”, dijo), contradice abiertamente la primera afirmación. Es que, sin dicho plan, no se explica lógicamente porqué hubo tantas desapariciones forzadas, aunque muchas de éstas se produjeron antes del 24 de Marzo de 1976.
Pero lo que sí comparto es que no hubo 30.000 desaparecidos. Me baso para ello en tres informes oficiales del Estado Nacional, a saber: 1) Informe de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), esto es el “Nunca Más” que registra 8.961 personas desaparecidas; 2) Informe de la Secretaría de Derechos Humanos del año 2006, conocido como “Informe Kirchner – Duhalde”, el que “revisa, corrige, amplía y actualiza” el primero mencionado, registrando: a) Desde el año 1969 hasta el 24 de Marzo de 1976, 642 desapariciones forzadas y 525 ejecuciones sumarias, esto es un subtotal de 1167 durante ese período de dictaduras militares y gobiernos democráticos; y b) Desde el 24 de Marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, 6447 desapariciones forzadas y 754 ejecuciones sumarias, es decir 7201 durante la última dictadura militar. Total: 8368 víctimas entre 1969 y 1983. Y 3) Informe de la Secretaría de Derechos Humanos de noviembre de 2015, el que perfecciona el anterior y establece 7019 víctimas de desaparición forzada y 1613 de asesinatos, totalizando 8631 víctimas. Cuadra aclarar que este último informe actualizatorio registral fue efectuado por Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner.
Asimismo, de las 30.000 placas colocadas en el Parque de la Memoria de la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, monumento nacional y público, sólo cerca de 9.000 tienen nombres de víctimas inscriptos. Igualmente, extraoficialmente se calcula que se han pagado unas 7.500 indemnizaciones a razón de U$S 250.000 por cada víctima.
Entonces, aquella cifra de 30.000 desaparecidos, proviniendo de parte interesada, es sólo simbólica y, por tanto, subjetiva, sembrando la duda. La verdadera cifra surge de los predichos informes oficiales y de los demás datos aportados (placas anónimas e indemnizaciones pagadas), posibilitando denominarla como objetiva, esto es verdadera.
Volviendo a Gómez Centurión, el hecho que no comparta su otra afirmación, no impide que rescate su derecho a tener opinión contraria. Resulta tremendo, a ese respecto, que en Argentina no se pueda opinar, llegándose al extremo de pedir su renuncia. Como ha dicho el filósofo español Javier Marías: “La presión sobre la libertad de opinión se ha vuelto inaguantable: se miden tanto las palabras (no se vaya a ofender cualquier tonto ruidoso, o las legiones que de inmediato se le suman en la redes sociales), que casi nadie dice lo que piensa”. Es decir, se pretende entronizar sobre temas tan sensibles un rígido pensamiento único que no tolera cuestionamientos. Se exige que nadie pueda pensar de debatir seriamente acerca del hecho culminante de la decadencia institucional argentina. No se permiten disidencias, análisis contrarios, nuevos puntos de vista o simples desacuerdos. Se soslaya el sentido crítico que es la base de nuestra civilización y se elude el hecho que las generaciones guerrilleras secuestraban y mataban gente con el objeto de pedir rescates o directamente para eliminar rivales políticos representativos de todas las actividades del país y que buscaban derrocar al gobierno constitucional que fue elegido democráticamente.
Gómez Centurión, como Victoria Villaroel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, destaparon la “Caja de Pandora”. Antes lo había hecho el Director Artístico del Teatro Colón Darío Lopérfido y tuvo que renunciar. Pero, liberada aquella, no se la puede limitar, ni obstruir, sin caer en la intolerancia que es la que provoca “la grieta” que debemos superar. Si existe miedo de opinar, si se condena por opinar, la libertad de expresión desaparece y la búsqueda de la verdad queda trunca, convirtiendo en mera pieza de museo lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
En este mes ha muerto en París el intelectual búlgaro Tzvetan Todorov quien visitó nuestro país en 2010. Como había escrito muchas veces sobre la memoria de acontecimientos públicos traumatizantes, se lo invitó a recorrer el Parque de la Memoria. Luego de ese viaje escribió un artículo en el que nos enseñaba que: “La Historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Si no conseguimos acceder a la Historia, ¿cómo podría verse coronado por el éxito el llamamiento al ¡Nunca Más!?”. Esto es, su preocupación por la “justa memoria”, lo llevó a concluir que en la búsqueda de justicia ante las atrocidades, la memoria puede volverse loca y maniquea, sofocando a la Historia, que aspira a la objetividad por medio de la reconstrucción del contexto en que sucedieron los acontecimientos. Su impresión, después de su visita, era que falta el resto de la Historia. Eso no significa equiparar al terrorismo de Estado con la guerrilla, sino abrirse paso a una dificultosa verdad que incluya a todos, despojada de las miserias de la ideología y el etnocentrismo.
Como colofón estimo que debemos unirnos en una única conmemoración a todas las víctimas de una época fundando así una memoria compartida para sustituir la actual, que sigue siendo facciosa. Un estudio histórico desapasionado ayudará mucho. Una justicia desapasionada también. Pero como dice Luis Alberto Romero, a la vez es necesario un trabajo de memoria, de verdad y de justicia que no está guiado por la recreación de los viejos conflictos, sino por el deseo de construir una nueva convivencia. Y para ello, pidamos a la sociedad en su conjunto y a sus organizaciones que propicien la construcción de una cultura del encuentro y el diálogo fecundo con relación a los hechos trágicos de nuestra Historia reciente.
Alguien que se sube permanentemente a colectivos ajenos y barrunto, nunca conducirá uno propio, afirma que la memoria no se toca. Para desmentir el rasgo totalitario no es necesario recurrir a Alzheimer. La que no se toca es la Verdad, esa que “no tiene remedio” según el cantautor español, máxime cuando se cimenta en datos ciertos y relevantes de la Historia como hemos visto.
Alguna vez escribí que de los dos demonios quedaba impune uno solo y seguía blandiendo el tridente. Como ello no es del agrado de los “dueños” y “dueñas” de los derechos humanos, me rectifico y digo que en nuestra amada patria hubo un demonio solo, pero con muchas caras, que se apropió de las mentes de quienes, actuando en bandos contrarios, aceptaron con naturalidad que era posible construir sobre un montón de cadáveres, una violenta filosofía del poder.
Volviendo al 24 de Marzo “inamovible” es “de ellos” y “para ellos”, no “de todos” y “para todos”. Por eso, me resultan atinadas las recomendaciones del Obispo de San Francisco (Córdoba), monseñor Sergio Buenanueva, respecto de si no sería más apropiado conmemorar el 10 de diciembre, “día en que los argentinos pronunciamos un sí no sólo a la democracia, sino a todo un modo de entendernos a nosotros mismos y a nuestra convivencia”. Ese mismo día también, se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos Humanos, pues recuerda la jornada que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración universal sobre esos derechos, que son “de todos”. Así separaremos el día de la memoria al de la asunción de Videla y la ubicaremos en la fecha del triunfo de la democracia sobre la dictadura.
Todo lo que he dicho lo vi, lo viví y hasta lo sufrí. Nadie me lo relató sesgadamente, buscando tergiversar la realidad, pretendiendo así engañar a nuestra postrera juventud. Quienes perseveran en repetir la flagrante adulteración de la historia de aquellos años, es hora que hagan su catarsis. Catarsis que también nos debemos todos los argentinos para así sostener la perpetua vigencia del ¡Nunca Más! No vivimos una tragedia griega en la que el llamado atávico de la sangre exige una continua venganza. Los derechos humanos son universales, “de todos”, y protegen aun a quienes, basándose en un relato amañado, pretendieron falsificar la Historia recurriendo para ello una parcializada “memoria”.