Ha habido claras provocaciones en los últimos días: desde pretender meterse a la fuerza en manifestaciones sin respetar el orden fijado por los organizadores, a llevar a una escuela un video que reivindica la dictadura genocida. Desde la fotografía de diputados oficialistas atacando un supuesto «negocio de los derechos humanos», a la presencia de algún bárbaro personaje en programas de TV, llamando a una pretendida y anacrónica «reconciliación».
Se quiere reinstalar la falsa teoría de los dos demonios. Se argumenta que «los derechos humanos son de todos». Cierto, en cuanto todos somos sujetos de ellos. Pero no en el sentido de que la defensa de los derechos humanos sea de todos: ella no ha sido de Massera ni de Bussi, ni por cierto de Gómez Centurión o Lopérfido, negacionistas del genocidio dentro del gobierno actual. Y sin dudas hay figuras (y políticas) señeras en defensa de derechos humanos, y otras que son todo lo contrario: Madres, abuelas, hijos, organismos, son quienes tienen máximo derecho sobre el tema. Que nadie de los que jamás estuvieron en una marcha ni en una lucha, pretenda ahora -de golpe- revindicarse en sitios en los que jamás antes supieron estar.
Sólo la dictadura genocida robaba bebés. Sólo la dictadura genocida instalaba enormes y siniestros campos de concentración. Sólo la dictadura genocida torturaba. Sólo los agentes de la dictadura saqueaban pertenencias. Para nada hubo dos comportamientos simétricos.
Los actos de civiles armados fueron castigados con la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte: los del terrorismo de Estado, habían estado hasta hace pocos años impunes. Y nunca hubo venganza ante el terrible sufrimiento producido a los detenidos/desaparecidos: se ha apelado con paciencia a la justicia, con procesos que incluyen todas las garantías de defensa.
Los juicios lo han dejado claro: quien falta a la ley desde el llano debe ser juzgado por el Estado; pero quien delinque desde el Estado, goza de una impunidad que hace imposible la vigencia de la ley. Sólo desde el Estado puede realizarse un genocidio. De modo que las condenas sentenciadas por los jueces, son claras en cuanto a esa diferencia de responsabilidad. Y estamos hoy ante lo que ya es cosa juzgada en múltiples casos y estrados.
Y además: no es que «las FF.AA. de entonces respondieron a la acción de grupos civiles armados». Fue al revés: estos surgieron como respuesta a la estructural ilegalidad del Estado, existente desde el golpe militar de 1930 hasta mediados de la década del 40 y agudizada tras el derrocamiento violento de 1955, luego del cual sólo hubo repetidas proscripciones. Y el golpe de 1966 encabezado por Onganía, que pretendió perpetuarse 30 años en el poder, desbordó la situación, de modo que -como decía un gran líder político- fue «la violencia de arriba la que produjo la violencia de abajo».
Los sectores oligárquicos argentinos, parecen haber olvidado su responsabilidad en el surgimiento de la violencia en el país. El pueblo, en cambio, ha trazado un camino sobre memoria, verdad y justicia que no está dispuesto a desandar, a pesar de reiteradas provocaciones y campañas mediáticas de propaganda.-
Carta Abierta, Mendoza, abril de 2017.
Observatorio Latinoamericano de Memorias 