El derecho a la memoria

cronicadelquindio.com

David Rieff, periodista y analista político estadounidense, autor de Contra la memoria, pregunta en un artículo publicado recientemente ¿Qué ocurre si la memoria histórica tal como la emplean las comunidades y las naciones, ha conducido demasiadas veces a la guerra más que a la paz, al rencor y al resentimiento más que a la reconciliación y a la determinación de vengarse por los agravios reales e imaginarios en lugar de comprometerse con la ardua tarea del perdón?

La inquietud de Rieff lleva a recordar la historia del edicto de Nantes, proclamado por Enrique IV en 1598. Su propósito era poner fin a las guerras de religión en Francia. El decreto prohibía a los súbditos, católicos o protestantes, que revivieran sus recuerdos.  “Que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros, tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante los convulsos precedentes de los mismos, queden disipados y asumidos como cosa no sucedida”. Enrique fue asesinado en 1610 por un fanático católico que se oponía al edicto el cual, tras su muerte, fue revocado.

No se trata entonces de desestimar el papel de la memoria, ni incitar a una especie de amnesia selectiva. Si bien existe consenso en que la construcción y salvaguarda de la memoria histórica es una obligación moral de nuestra época aun si, como lo afirma Rieff, en ocasiones los recuerdos cometen grandes injusticias con el presente, es fundamental afirmar que ella no puede ser excluyente.

En el prólogo del informe “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, texto que ha generado toda suerte de debates, se afirma que el país está pendiente de construir una memoria legítima en la cual se incorporen explícitamente las diferencias, los contradictores, sus posturas y sus responsabilidades, y, además, se reconozca a las víctimas.

Por ello si se estipula que la verdad tiene una dimensión colectiva y que, en ese aspecto, es imprescindible acudir a la pluralidad de memorias. También se debe garantizar la diversidad de relatos y contra-relatos en su construcción como lo afirman, en un documento publicado recientemente, los profesores Andrés Valdivieso y  Eduardo Pastrana de la Universidad Javeriana.

Por tanto no debe generar sorpresa la expedición del Decreto 502 de 2017, que reestructura el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), y que dispone vincular una silla adicional en su Junta Directiva, la cual será ocupada por un representante del Sector Defensa. La decisión ha generado críticas de varios sectores, que afirman que “podría verse afectada la imparcialidad y autonomía del CNMH”.

Respetando las voces que discrepan de tal representación, es necesario recordar que los militares, los policías y sus familias, igual que las demás víctimas del conflicto armado, tienen derecho a demandar que sus memorias circulen en el espacio público y sean archivadas para ser usadas como fuente para construir la historia. A esas familias no se les puede pedir que oculten su dolorosa experiencia, silencien sus voces y no participen de la memoria. Son colombianos, son víctimas, y les asiste el derecho de reclamar que se respete la fidelidad de las experiencias de su dolor.

​Adenda: Paz en la tumba del señor General Harold Bedoya Pizarro. El carácter y el liderazgo que ejerció en las tropas, en momento aciagos para la historia del país, aún resuenan como un llamado a la conciencia nacional.

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