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El jefe de Gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, repudió este sábado el fallo de la Corte Suprema que reduce las condenas a represores de la dictadura (1976-1983) y ratificó la política de derechos humanos del Gobierno de Mauricio Macri.

“Rechazamos el concepto del 2 por 1 y rechazamos que se aplique a crímenes de lesa humanidad”, dijo Peña a la radio Nacional.

En un mensaje previo por la red Twitter, el ministro reafirmó que “continuar con la búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia [sobre los crímenes de lesa humanidad] es política de Estado”.

Este es el primer repudio al fallo desde el seno del partido oficialista PRO (derecha). Por el momento, el presidente Macri, se ha mantenido en silencio.

“Hoy en día en Argentina hay plena división en independencia de poderes y querer relacionar un fallo de la Corte Suprema con una postura (que no es tal) del gobierno es incorrecto y malicioso”, dijo Peña.

Organismos humanitarios acusan al gobierno de promover un giro en la política argentina de “Memoria, verdad y justicia”, considerada ejemplar en todo el mundo para juzgar y condenar a genocidas.

El polémico fallo benefició el miércoles a un agente paramilitar condenado por torturas, violaciones y secuestros durante la dictadura (1976-1983).

La Corte autorizó la aplicación del llamado ‘2×1’, por el cual a la hora de establecer la condena se computa doble cada día que el reo pasó bajo prisión preventiva.

“Consideramos que el 2 por 1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina”, afirmó Peña este sábado.

El fallo abre la puerta para beneficiar a casi un millar de condenados por crímenes de lesa humanidad, y otro millar bajo proceso.

Sin embargo, Peña estimó que la aplicación del fallo “será muy restrictiva. A lo sumo puede aplicarse a un puñado de casos”, dijo.

Organismos humanitarios, partidos de izquierda y hasta los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical (UCR) que integra la alianza gubernamental Cambiemos, repudiaron el fallo.

El viernes, una fiscal rechazó aplicarlo a otro represor que lo había solicitado.

“Desde que se hizo público el vergonzoso fallo de la Corte estamos con el corazón en la mano pensando con qué genocidas deberá compartir la vida el pueblo argentino”, dice un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo en el que convoca el miércoles a Plaza de Mayo para “decirle no a la impunidad”.

La organización halló a 122 de los 500 niños que se calcula fueron robados al nacer durante el cautiverio de sus madres bajo la dictadura.

Organismos humanitarios estiman que la dictadura dejó unos 30.000 desaparecidos, cifra que fue cuestionada por Macri, lo que le valió acusaciones de negacionismo.