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Los organismos de derechos humanos advirtieron que los jueces le abrían así la puerta a cientos de represores condenados por delitos de lesa humanidad y que no prescriben como secuestro, tortura, desaparición y robo de bebés.

En el texto, se insta a la Corte Suprema de Argentina a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos. “Queremos que toda la sociedad Argentina nos acompañe y nos apoye, para que nunca más haya impunidad en este país”, declararon los organizadores en un comunicados que esta también avalado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y APDH de La Matanza, la Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, los Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Organismos defensores de los Derechos Humanos en Argentina, entre ellos las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, convocaron a manifestarse este miércoles en contra del dictamen judicial. En relación a una causa de lesa humanidad, el máximo tribunal del país accedió a rescatar una ley derogada en 2001 sobre plazos de prisión preventiva, denominada “2×1”, que computa como dobles los días en prisión a partir del segundo año mientras la condena no esté firme.

Por otra parte la política también es protagonistas en este fallo, pues el mismo desató la polémica en distintos partidos políticos. A la hora de evaluar el planteo, el fiscal Francisco Maldonado señaló que no correspondía otorgar el beneficio a Lazo ni a ningún represor porque al momento de la vigencia de esta ley, quienes fueron luego juzgados no estaban ni imputados, “gozando de una impunidad otorgada, precisamente, por otros instrumentos normativos como la leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.

Todos los cañones apuntan a los Senadores del Bloque PJ- Frente para la Victoria de haber dado el ok a los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los jueces que votaron a favor del 2×1 a los genocidas. Además, Mosca recordó que “incluso en el aspecto jurídico, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, nos demuestran que no podemos medir a estos con la misma vara que a los demás”.

A partir de esa resolución la Justicia abrió o retomó los procesos contra los acusados, en la mayoría de los casos, por presuntos delitos de lesa humanidad. El funcionario provincial aseguró que “la posición del Gobierno nacional es claramente unánime” contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia, “como debe ser, porque esto ofende a toda la humanidad”.