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“Quien debe fundamentalmente investigar estos casos por su responsabilidad constitucional es la Fiscalía General de la República, porque esta situación daña la democracia y revictimiza a familiares y sobrevivientes”, dijo Miguel Montenegro, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria de El Salvador, en el marco de la “Semana del Detenido Desaparecido”.

“Nos preguntamos, ¿Por qué el Fiscal (Douglas Meléndez) no manda a llamar a las organizaciones en derechos humanos?, y no nos quiere dar audiencia, por qué no nos pide información para entregársela; porque contamos con testimonios fidedignos y solo estamos esperando para entregárselos y que se haga justicia sobre las torturas, asesinatos y desapariciones”, afirmó Montenegro de la CDHES.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, tiene registrado alrededor de 2 mil 661 casos, documentados entre los años 1980 a 1983 en El Salvador; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó la práctica de detenciones arbitrarias de personas con antelación al inicio del conflicto armado, que realizaron en su mayoría cuerpos de seguridad  vestidos de civil, así como el ejército, que según el “Informe de la Comisión de la Verdad” de 1993, se detalló la práctica de detención, desaparición forzada, tortura y asesinatos.

Carolina Constanza, del Centro de Derechos Humanos “Madeleine  Lagadec”, señaló que la “Comisión de la Verdad” dio la pauta que confirma que si existió, esta práctica desde el Estado y como tal, debe reivindicarse la memoria de las víctimas y sobrevivientes civiles.

“Nosotros hemos acumulado registros, testimonios, exhumaciones y muchas personas más, se están acercando a nuestras organizaciones que conformamos esta comisión, para poner sus denuncias de sus seres queridos; quienes por miedo o desconocimiento no se habían atrevido a dar los pormenores de su familiar desaparecido durante el conflicto armado. Y mucha gente aún mantiene la esperanza que el Estado reconozca y de un resarcimiento moral para las víctimas”, indicó.

En cuanto al papel de la Asamblea Legislativa criticaron que afirmen que trabajan dentro de un Estado de Derecho, cuando no hay total vigencia de los derechos humanos de esta población, que solo viene a favorecer la impunidad en cuanto a la justicia.

“No hay justificación de parte del sistema de justicia, desde el 13 de julio de 2016 ya no existe la -Ley de Amnistía- entonces ellos, pueden ejercer la investigación y llegar a los responsables de estos hechos”, opinó.

Constanza añadió que la falta de acuerdos del partido de oposición, para constituir y cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida durante el conflicto armado, es la muestra palpable del “sesgo político”.

“Qué fue lo que hicieron, no aprobarlo, dilataron el proceso y mandaron al archivo la propuesta, es esta la responsabilidad en estos hechos de trascendencia internacional, y prefieren oponerse al trabajo de conocimiento de esa verdad, y como lo han dicho mis compañeros, hay pruebas suficientes, tenemos testimonios, hay sobrevivientes… no entendemos la falta de trabajo, es falta de voluntad política”, finalizó.