la-razon.com

Por Juan del Granado

¿Hasta cuándo estará en suspenso la verdad, justicia y reparación de las víctimas de las dictaduras?

Con la sentencia condenatoria del 21 de abril de 1993 contra García Meza y 45 de sus principales colaboradores concluyó una rigurosa investigación de nueve años sobre los principales hechos delictivos de la dictadura. Se estableció, en lo esencial, la verdad sobre el golpe de Estado del 17 de julio de 1980; el asesinato de Marcelo Quiroga, Carlos Flores y Gualberto Vega; la masacre de la calle Harrington y 14 figuras delictivas adicionales en contra de la economía del Estado. A partir de esa verdad reconstruida judicialmente, la Corte Suprema condenó a los responsables a penas de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Sin embargo, no solo quedó pendiente la reparación de las víctimas y de sus familiares, sino que el juicio no abarcó, y por tanto no esclareció, gravísimos delitos como las masacres de Caracoles y Viloco en agosto de 1980; la desaparición de decenas de militantes de izquierda; el asesinato previo de Luis Espinal; la persecución, apresamiento, tortura y exilio de miles de compatriotas a partir del funcionamiento tenebroso del SES y de toda una estructura paramilitar delictiva vinculada con el narcotráfico. Tampoco se pudo esclarecer los detalles y autores materiales del secuestro, tortura, asesinato y la posterior desaparición de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y los de Carlos Flores, que hoy, después de 35 años, siguen desaparecidos.

En el caso de la masacre de la calle “Harrington”, existen indicios de que los dirigentes del MIR José Reyes y José Luis Suárez fueron apresados, torturados y finalmente ejecutados en el SES. Solo se condenaron a García Meza, Arce Gómez y a una veintena de paramilitares y militares de rango inferior, responsables directos de los asesinatos, pero no se pudo develar ni sancionar a esa estructura de terror que asoló al país durante 14 meses con la participación de sicarios argentinos, italianos y alemanes. Hay, pues, una verdad por establecer y una gran impunidad pendiente de justicia. Pero si esa limitación tuvo la investigación de la dictadura de 1980, la ausencia de verdad y justicia institucional es absoluta ante la acción delictiva de las anteriores dictaduras, desde 1964 hasta 1982, impunidad que es una enorme afrenta a todo nuestro sistema democrático.

Por ello fue bienvenida la Ley de la Comisión de la Verdad (N. 879), promulgada el 23 de diciembre de 2016, que tiene como antecedentes un DS de 1982 del Dr. Siles Zuazo, otro de 2003 de Sánchez de Lozada, una ley de 2004 de Carlos Mesa y otra de Evo Morales de 2009, aunque todas estas normas se limitaban a la “investigación de desaparecidos” o al “resarcimiento de las víctimas”. La Ley 879 es más completa y trata de abarcar, aunque con deficiencias, los tres fines esenciales de una comisión de esta naturaleza: verdad, justicia y reparación, y que desde los 70 tiene antecedentes en al menos 28 países que sufrieron dictaduras. Una de sus notorias deficiencias es que no establece con claridad la obligación estatal de reparación de las víctimas, señalando en su lugar, limitada y equívocamente, que deben “recomendarse medidas de satisfacción a las víctimas”, ignorando que la “satisfacción” es solo una parte de lo que las víctimas reclaman y merecen. Reparación significa indemnización suficiente, rehabilitación, restitución; no repetición y reconocimiento estatal que es, en suma, una de las razones por las que decenas de víctimas de las dictaduras vienen sosteniendo hace cinco años una firme vigilia frente al Ministerio de Justicia. Hay otras deficiencias, pero esencialmente es una norma más o menos adecuada, como marco legislativo, para el funcionamiento de una verdadera comisión de la verdad, ya que incluso en su Art. 7 dispone expresamente “la desclasificación de los documentos militares, policiales y de otro tipo (…)”.

Pero la pregunta hoy, después de cinco meses de su aprobación, es ¿por qué el presidente Morales no designa a los cinco miembros de la comisión? ¿Hasta cuándo estará en suspenso la verdad, la justicia, la reparación y, por tanto, la dignidad del sistema democrático?