paginasiete.bo

Por Daniela Romero / La Paz

En respuesta a la advertencia del comandante en Jefe, Juan Del Granado dijo que es obligación de las FFAA desclasificar los documentos de la dictadura.

Juan Del Granado lideró en 1984 la acusación de la parte civil en el juicio contra del dictador  Luis García Meza y sus colaboradores. Al conocer la conformación de la Comisión de la Verdad, asegura que si bien tiene el marco legislativo adecuado, cuenta con algunas falencias como la militancia política de sus miembros.
  Cansado del encubrimiento castrense para no revelar los archivos de las dictaduras, afirma que si de verdad los documentos han desaparecido se debe identificar a los responsables.
¿Cómo recibe la conformación de la Comisión de la Verdad?
Luego de haber dado un criterio positivo respecto a la ley, he señalado con mucha claridad que esta norma que tiene fallas e insuficiencias, en general tiene el marco legislativo adecuado para los fines de la investigación de la verdad, el restablecimiento de la justicia,  y la reparación de las víctimas. Tenía que traducirse en la conformación de los miembros de la comisión, que ha estado durante ocho meses congelada,  lo que fue negativo para los fines de la norma.
¿Qué características tiene la comisión?
El nombramiento de los miembros de la comisión en general es un paso positivo, pero lamentablemente tenemos militantes del MAS, tenemos miembros activos del partido de Gobierno.
Una comisión que por sus características estatales, no gubernamentales, debería prescindir de militancias políticas. Entonces, de inicio la comisión tiene  que ganar credibilidad ciudadana.
 ¿Qué ocurre en otros países?
Estas comisiones en el mundo han surgido en su gran mayoría con gran credibilidad por sus integrantes. El doctor Hernán Siles Zuazo, en 1982, creó la primera comisión para la investigación de los desaparecidos. Pero en estos 20 años se han creado 30 comisiones de verdad en el mundo y la mayoría de ellas han sido integradas por personalidades de mucho prestigio que han generado de inicio, no solamente un ambiente de expectativa, sino de gran confianza y de gran credibilidad.
¿Cuáles son los objetivos que la comisión debe cumplir?
La ley tiene tres mandatos esenciales; el primero, se trata de una investigación histórica desde el año 64 hasta el 82 para establecer las causas, el contexto, circunstancias y responsables de las múltiples violaciones, gravísimas, durante las dictaduras de Barrientos, Banzer y García Meza. El segundo mandato es el de la justicia. En su informe final la comisión tiene que establecer los indicios de responsabilidad penal  sobre los autores  que estén con vida y todos esos antecedentes tienen que remitirse al Ministerio Público para el enjuiciamiento penal. El tercer mandato es el de la reparación de las víctimas. Aquí es donde yo veo las mayores insuficiencias de la norma, habla de “satisfacción” de las víctimas y es un componente parcial de la reparación que abarca otros conceptos como son la indemnización, la restitución de derechos.
 Los integrantes de la comisión trabajarán ad honorem…
Otro elemento que preocupa, desde la perspectiva del cumplimiento de funciones de la comisión y está estrictamente vinculado a la defensa de los derechos humanos, es que los cinco miembros de la comisión, según la norma, cumplen sus funciones ad honorem. Tienen una carga de trabajo enorme más allá de una comisión técnica, la carga enorme a esas  áreas mínimas de estas tres etapas históricas. No se entiende cómo van a cumplir satisfactoriamente de forma idónea sus funciones si no tienen retribución alguna para un trabajo que indudablemente requiere dedicación completa.
¿Qué se debería hacer?
Esta es una falla de la norma que debe ser subsanada con una ley  que el Parlamento dicte asignando una retribución que garantice el trabajo a tiempo completo de los cinco miembros en el cumplimiento de sus objetivos.
¿La norma fija algún plazo para terminar la investigación?
La norma fija dos años ampliables a seis meses, en total dos años y medio para el cumplimiento de su cometido. Si están ad honorem van a trabajar en sus tiempos libres. Si no están a tiempo completo, si no hay una remuneración adecuada, si no tienen el respaldo presupuestario suficiente en dos años no van a poder hacer gran cosa.
A esto se suma la advertencia de las FFAA de que tal vez se destruyeron los archivos.
El artículo séptimo de la norma establece la obligación, no la voluntad, la obligatoriedad institucional y personal que tienen autoridades militares, policiales y de cualquier otra índole para proceder a la desclasificación, vale decir todos los archivos de todos los  que tengan que ver con los hechos de la dictadura. Que no nos vengan a decir los jefes castrenses que todo lo de Barrientos se ha destruido, que todo lo de Banzer ha desaparecido, al igual que la documentación de García Meza.
¿Y si fuera cierto?
 Si esto fuera así, nos tienen que decir quiénes son los responsables de semejantes actos delictivos de destrucción de la documentación histórica. Ayer escuché la declaración del general Ariñez;  estamos frente a la cabeza de las FFAA que de manera inocente nos dice que había desaparecido. ¿Qué clase de jefes castrenses tenemos?, ¿cómo es que han desaparecido, están o no están? Y si no estuviesen los archivos, que nos digan quiénes son los responsables. No creo en la versión de Ariñez, los archivos están ahí y hubo una permanente actitud de encubrimiento de los distintos mandos a beneficio de sus pares dictadores. Lo que tenemos es una actitud negligente en extremo como la del general Ariñez que no sabe nada.