Por Marco Cortés
La comisión de la verdad es uno de los cinco mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No repetición establecidos en el punto quinto del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las Farc.
Las víctimas, según dice el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc, son el centro de todo el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No repetición acordado por las partes en el marco de la negociación. Los mecanismos que el acuerdo establece, por lo tanto, no pueden verse separados sino que deben ser entendidos como componentes integrales que en su conjunto intentan satisfacer los derechos de las víctimas.
La comisión de la verdad en últimas, de manera extra judicial, aporta al reconocimiento y responsabilidad de los actores del conflicto. Y su efectividad dependerá de la sinergia de todos los cinco mecanismos que establece el sistema. Solamente aplicados de manera integrada en su implementación las víctimas podrán entender y tener los beneficios de dicho engranaje.
Los desafíos de la comisión
Los retos de una comisión de verdad en Colombia, si bien pueden tener como antecedentes las experiencias pasadas de la región y del mundo,tienen singularidades propias que deben ser tenidas en cuenta.
Para Ana Cristina Portilla, Coordinadora de reparación y diálogo del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (ICTJ), las comisiones de verdad se crean “con el propósito de hacer que las sociedades puedan enfrentarse a un pasado violento: o que no conocían, o que sí conocen pero no lo han digerido”.
Dicha comisión, que se espera anuncie sus 11 integrantes el próximo 30 de octubre, tiene como uno de sus mandatos establecer responsabilidades colectivas. Y este es quizá uno de sus puntos más particulares. De ahí el impacto político que tendrán sus informes finales pues deberán hablar de cosas profundas e intentarán encontrar los problemas estructurales de las distintas violencias, asegura la coordinadora del ICTJ.
“Las comisiones (de la verdad) como mecanismos extrajudiciales, no intentan determinar responsabilidades individuales y señalar con nombre propio a los directos involucrados. Lo que intenta es establecer qué actores colectivos generaron qué violaciones, cuál fue la estrategia de dicho actor, qué patrones de victimización generaron y qué intereses tenían detrás de su actuar”, agrega.
La independencia de la comisión también es un factor determinante pues “como instrumento de la justicia transicional, tiene un componente político muy fuerte, intentan dejar verdades irrefutables, verdades que difícilmente se pueden volver a discutir”, afirma Portilla.
Dado el blindaje jurídico que tiene la comisión y el apoyo y veeduría internacional que todo el proceso ha tenido desde sus inicios, la independencia y financiación de la comisión no parece, en principio, que vaya a ser un factor que juegue en su contra.
¿Cuál es la verdad que intenta volverse irrefutable y sobre la cual se va a establecer justicia, reparación y no repetición?
Siguiendo al filósofo norteamericano Richard Rorty, la verdad no es algo “allá afuera” que se encuentre, y además que esté separado del mundo humano. La verdad resulta más bien ser “algo bueno respecto a ciertas creencias” o “lo que sería mejor creer”.
El mundo humano constituye constantemente valores y parámetros bajo los cuales regimos nuestras acciones, pensamientos y deseos, valores y parámetros que tienen una existencia efectiva sólo dentro del ámbito humano. Piénsese por ejemplo en las nociones de libertad, justicia, belleza, maldad, bien, etc.
A lo que apunta Richard Rorty es a establecer que cuando decimos de algo que es “verdadero”, lo que estamos tratando de hacer es justificar una creencia con un fin práctico, y no señalando algo con una existencia real o independiente a nuestras creencias, de lo contrario estaríamos tratando de posicionarnos desde la perspectiva de dios.
La verdad no existe como un hecho inherente a la naturaleza que debe ser descubierto. Pero sí hemos dado el valor de verdad a ciertos juicios dada la condición humana misma. En el caso de la justicia, el establecimiento de ciertos derechos son verdades que fundamentan y justifican el accionar personal y social.
El derecho de igualdad, por ejemplo, nos ayuda a valorar y respetar la vida humana independiente de la raza, la religión o la orientación sexual, y actuar, individual y colectivamente, en consecuencia a ello. Dichos derechos se establecen para preservar la vida humana en su total integridad y dignidad.
Por lo tanto, la justicia, y en especial esta comisión de la verdad, a la hora de “esclarecer” deberá fijar aquellos derechos que como verdades hemos convenido como sociedad colombiana, y como especie humana, dada la historia y experiencia, como mejores y más deseables para una vida digna y que le fueron arrebatados a las víctimas. De ahí la importancia de comprender contextual, histórica y estructuralmente dichas violencias y violaciones.
¿Para qué la verdad?
Los mecanismos de la Justicia Transicional “intentan movilizar instrumentos jurídicos, políticos, éticos y morales en favor de los derechos de justicia, verdad, reparación y no repetición de quienes sufrieron el conflicto”, lo recuerda también la coordinadora Portilla.
Contrario a lo que algunos sectores de la sociedad colombiana puedan creer, la Justicia Transicional ni es una justicia blanda, ni intenta reemplazar las constituciones democráticas. Todo lo contrario, intenta fortalecer el tránsito hacia la democracia, o hacia una democracia más fuerte, en el país donde se establece.
Es decir, si los mecanismos de justicia transicional, entre ellos la verdad, funcionan de manera integrada y efectiva podrá darse el paso deseable hacia una sociedad democrática más justa y donde los desacuerdos no se solucionen por la vía violenta y armada. Si esto no es así, pueden darse escenarios donde haya verdad pero no justicia, o viceversa. Un ejemplo de ello es “la verdad que exigen hoy las víctimas del franquismo en España, donde al parecer su deseo de justicia fue resuelto, pero no el de verdad”, recuerda Portilla.
Uno tras otro proceso de paz en el mundo son consecuencia de las experiencias recogidas de su antecesores. Ellos han establecido las verdades irrenunciables de las víctimas, muchas de ellas fruto de luchas sociales libradas desde la misma sociedad civil constantemente.
Todo ello ayuda a que los márgenes de lo que llamamos comunidad, al establecer quienes son los contados y beneficiarios en una democracia, se remuevan constantemente o se cuestionen cuando estos afectan a una población excluida. Y la Justicia transicional con sus mecanismos, entre ellos una comisión de la verdad, no intenta otra cosa sino ayudar a procesos de democratización perdida y desconocida en épocas de conflicto.
Es por eso que “la justicia transicional debe ser implementada de manera holística”, afirma también la coordinadora del ICTJ Ana Cristina Portilla, y agrega que “esto no es otra cosa que intentar fortalecer la Constitución colombiana de 1991”.
La pregunta sería por qué si la Constitución del 91 establece un país donde se aceptan, respetan y protegen las distintas posturas políticas, la diversidad cultural, religiosa, étnica, la libertad de expresión, donde se establece la promoción del Estado al acceso de tierras por parte de los campesinos, aun así seguimos en conflicto.
Una pregunta compleja de responder dados los intereses económicos y políticos, que se han prolongado en el tiempo, de ciertos sectores que no ven con buenos ojos la implementación, no solo de los acuerdos de La Habana, sino de la democracia real que establece la Constitución del 91.