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Organizaciones sociales que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador lamentaron hoy que el Estado de este país aún no haya saldado la “deuda” que tiene con las víctimas de las desapariciones forzadas durante guerra civil (1980-1992).

San Salvador, 30 ago (EFE).- Organizaciones sociales que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador lamentaron hoy que el Estado de este país aún no haya saldado la “deuda” que tiene con las víctimas de las desapariciones forzadas durante guerra civil (1980-1992).

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, estas organizaciones exigieron al Estado “una pronta respuesta para las víctimas y familiares de las personas que desaparecieron durante el conflicto armado”, ya que consideran que este “silencio” de parte de las autoridades es una “grave violación a los derechos humanos de las víctimas”.

El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, dijo a Efe que “hasta el día de hoy sigue siendo responsabilidad del Estado esclarecer los casos de desaparición forzada”, puesto que es “justo que se responda a las exigencias de los familiares de estás víctimas”.

“Es necesario que el Estado asuma una responsabilidad mucho más grande y deje de lado los intereses políticos, ideológicos o personales que puede haber y que responda de una vez a los familiares y deducir responsabilidades”, acotó Montenegro.

El experto en derechos humanos enfatizó en la necesidad de combatir la impunidad en este país centroamericano para brindar a las víctimas “una justicia que han esperado por muchos años”.

“La impunidad en cualquier parte del mundo ocasiona desastres a los procesos democráticos; es por ello que es necesario que en este país se erradique esta situación para brindar justicia a todas aquellas personas que durante años han estado en el olvido”, agregó.

Durante los 12 años de guerra, en la que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000, según cifras oficiales. EFE