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Por Nicolás Martínez

A un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado se realizará una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo. Milagro Sala con una híper custodiada prisión domiciliaria. Los organismos internacionales de derechos humanos vuelven al país. Y los derechos del presente tampoco se resuelven.

En el último debate presidencial de 2015, Mauricio Macri había afirmado su compromiso de continuar con la política de derechos humanos pero también de defender los “derechos humanos del presente”. El eufemismo, con el que el macrismo desdeña la política de Memoria, Verdad y Justicia, fue repetido por numerosos dirigentes oficialistas en la campaña que los llevó a ser gobierno.

El presidente definió, en aquel entonces, a los “derechos humanos del presente” como “el acceso a la educación pública de calidad, a la salud, a la cloaca, al agua potable y a la seguridad”. Y concluyó que “millones de argentinos que siguen en la pobreza”. En casi dos años de gobierno, según la UCA, se sumaron 1,5 millones de pobres. En el segundo semestre de 2016 el porcentaje de pobres fue 30,3% y en marzo de este año la Universidad Católica Argentina informó que ese porcentaje ascendía al 32,9. Aquí, los “derechos humanos del presente” sufrieron un retroceso.

También se podría pensar, siendo bien intencionado, que los “derechos humanos del presente” de los que hablaba Macri podrían implicar las nuevas luchas que han puesto en la escena pública las demandas por igualdad de género, la problemática de la violencia institucional en democracia y el derecho al acceso a la comunicación. Aquí los resultados no difieren mucho con respecto al aumento de la pobreza.

En el primer trimestre de 2017 el presupuesto destinado a la Dirección General de la Mujer se redujo en un 7% con respecto al 2016. Esto implica alrededor de 10 millones de pesos menos que afectan, por ejemplo, al programa de “Asistencia Víctima de Violencia de Género”. En concreto, el presupuesto se redujo de 140.364.534 pesos a 130.444.441 en un año.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) encabezó una marcha esta semana con la consigna “¡Ni un pibe, ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”. Horas antes de la movilización, un gendarme asesinó a quemarropa a un joven en Tigre. En la tercera marcha sobre esta problemática denunciaron que si las fuerzas policiales “antes tenían luz blanca, ahora parecen tener una orden para impartir el miedo” en los barrios pobres. Sobre esto, el candidato oficial se jactó de “meter un pibe preso por día”.

También en los últimos días, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) se movilizó hacia el Congreso para reclamarle al Estado “el acceso universal a la comunicación”. En enero de 2016, el gobierno firmó un DNU que disolvió los organismos creados por la ley de comunicación audiovisual, creó el ENACOM que está subordinado al Poder ejecutivo. La modificación decretada va en detrimento de la desmonopolización del mercado comunicacional. Hace dos meses, Clarín se fusionó con Telecom.

“Los derechos humanos del presente”, entonces, resultaron un eufemismo más bello que el argumento “estamos hartos de la dictadura”. Todos los índices empeoraron drásticamente.

Sin embargo, el conflicto ha tomado un giro. Hay una presa política y un desaparecido de forma forzada por una fuerza de seguridad nacional en medio de una represión a una comunidad mapuche en Chubut. Los organismos internacionales de derechos humanos tienen la mira en Argentina. Los derechos humanos que el gobierno quería dejar en el pasado, se le volvieron presente