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Por Ismael Luna Acevedo

Diversos analistas políticos, familiares y las propias víctimas de torturas de las dictaduras militares, admiten que será una tarea difícil de la actual Comisión de la Verdad saber qué pasó en los ’60,’70 y ’80.

Para Noemí Soto, hija de Guillermo Soto Sasari, exdirigente minero y estudiante universitario preso, torturado y desaparecido en marzo de 1973 de los predios de la cárcel de El Pari (de la ciudad de Santa Cruz), a manos de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, no hay consuelo a su clamor en saber dónde están los restos mortales de su padre. En cambio, para la familia Peredo-Gonzales, que en el mismo periodo fue objeto de torturas, vejámenes y hasta violaciones de sus seres queridos, resarcir esa memoria histórica dando con los responsables, sigue siendo una penosa travesía entre la injusta atrocidad humana y sed de justicia.

Ambos contextos, con inclaudicable clamor piden esclarecer la verdad histórica sobre los crímenes de lesa humanidad propinados por los gobiernos militares de René Barrientos Ortuño, Alfredo Ovando Candia, Hugo Banzer Suárez, Alberto Natush Busch y de Luis García Meza Tejada.

Luego de 46 años del cruento golpe de Estado del entonces coronel Banzer con un sangriento período de ocho años, el pasado 21 de agosto el Gobierno de Morales estableció la creación de la Comisión de la Verdad. Ese hecho es recibido con beneplácito por las víctimas vivientes y familiares de las desapariciones forzadas. «Lo que deseamos con esta Comisión es encontrar a nuestros desaparecidos y de Latinoamérica, pedimos esclarecer con el tema del Plan Cóndor», precisó Viviana Peredo, una de las hijas del exsenador y militante activo del otrora Ejército de Liberación Nacional, fallecido ya, Antonio Peredo.

En cambio, para los militantes de izquierda que fueron víctimas de la época de las dictaduras como Jerges Justiniano, Rafael Puente, Marcos Farfán (exministro de Seguridad ciudadana) y Loyola Guzmán (exguerrillera de Ñancahuazú) si bien será complicado establecer la verdad histórica, por lo menos es un intento positivo para la historia.

«Lo fundamental será esclarecer todos los casos de desaparición forzada o involuntaria, las ejecuciones o asesinatos, las torturas a presos y la violación de los derechos de cientos de perseguidos y exiliados políticos», puntualizó.

En voz propia de los afectados. «Yo apenas tenía uso de razón. Mis hermanos y mi madre fueron testigos cómo a mediodía, de aquel marzo del 73, cuando mi padre almorzaba en casa luego de salir a salvo de la universidad (Gabriel René Moreno), donde habían matado a muchos estudiantes, los paramilitares entraron a casa y se lo llevaron a mi padre a la cárcel de El Pari. De allí, luego de varios días, desapareció. Nunca más se supo qué pasó con él. Algunos testigos vieron cómo los vejaron y torturaron», narra con lágrimas en los ojos Soto.

Según Farfán, los primeros tres años del gobierno de Banzer, se instrumentó en el país los crímenes más cruentos en contra de todos los dirigentes sociales, universitarios, a los que se los tachaba como “extremistas”. «Esa primera etapa fue instrumentada por un grupo del ministerio de gobierno, incluso comandado por Carlos Valverde Barbery, que por entonces era ministro de Salud. Ellos aplicaban todas las técnicas aprendidas en la Escuela de las Américas. Esas torturas y masacres fueron hechos por los Falangistas, que luego fueron apartados», informó.

Reimy Ferreira, ministro de Defensa, en contacto con los medios, durante la semana, señaló que los años de 1971 a 1978 son los más brutales de la historia de Bolivia. Reveló que Banzer y sus cómplices asesinaron a 478 personas, tres mil fueron detenidas ilegalmente y otras dos mil aniquiladas, torturadas, confinadas u obligadas a irse al extranjero. Al menos 30 periodistas fueron torturados o detenidos..

Escepticismo. Justiniano augura pocos resultados a la Comisión de la Verdad. «No le auguro mucho éxito a esta convocación, dado que no tiene autoridad. Todo esto debería ser investigado por el Gobierno con respaldo de una comisión parlamentaria», señaló.

Por su parte, Puente señala que mientras las Fuerzas Armadas no devele los archivos, más aún si los mismos han desaparecido, no da para ilusionarse. «No me hago muchas ilusiones, dado que en el fondo las Fuerzas Armadas en este país, nunca ha dejado de tener privilegios y ahora tampoco. En ese contexto no da para ilusionarse, aunque la intención es saludable», finalizó.

Iniciativas por esclarecer a lo largo de estos años

Premisa. En Bolivia en distintos gobiernos a partir de 1982  hubo voluntad política para formar comisiones con el fin de esclarecer hechos concretos.

Siles suazo. El presidente Hernán Siles Zuazo por decreto de octubre de 1982 conformó la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados que logró establecer un listado de más de 150 desaparecidos en la dictadura de Banzer. Dicha Comisión no terminó su trabajo pero dio las bases para lograr la verdad.

Del siglo. El Juicio de Responsabilidades a Luis García Meza, Luis Arce Gómez y otros acusados, donde se estableció la ejecución de los dirigentes del MIR, la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Carlos Flores Bedregal y lo sentenció en 1993 a treinta años de prisión sin derecho a indulto.

1995. Bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada se conformó una comisión donde se encontraron los restos del Che y otros 30 combatientes de Ñancahuazú.

Punto de vista

Loyola Guzmán
Expresidente de Asofam

«Desde mi punto de vista y recogiendo la experiencia de otras comisiones en distintos países, lo fundamental será esclarecer todos los casos de desaparición forzada o involuntaria, las ejecuciones o asesinatos, las torturas a presos y la violación de los derechos de cientos de perseguidos y exiliados políticos.  Su labor no es  contribuir al esclarecimiento de la verdad de los casos de violaciones  de derechos humanos, tiene que esclarecer estos hechos.  Llegar a identificar a los autores intelectuales y materiales de estos delitos e imponer la justicia a fin de evitar la impunidad. Finalmente adoptar medidas de reparación señaladas por instrumentos internacionales de los que Bolivia es Estado Parte y tiene la obligación de cumplir.

En los últimos diez años tanto las organizaciones de derechos humanos, de familiares de desaparecidos y de presos, perseguidos, confinados  y exiliados por razones político-sindicales en el periodo de noviembre de 1964 a octubre de 1982 han presentado propuestas de investigación y exigido verdad, justicia y reparación. Me parece extraño que un gobierno que se dice sirve al pueblo haya ignorado el aporte que significó la resistencia a las dictaduras y la recuperación de la democracia, y recién a once años de gestión decida dar curso a esta Comisión. Ojalá no sea otro acto demagógico y cumpla con sus objetivos».