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Por Agencia EFE

Un experto internacional en la búsqueda de personas desaparecidas explicó hoy, en declaraciones a Efe, que recomienda a El Salvador que pida la desclasificación de los archivos de la guerra civil (1980-1992) custodiados por la ONU para potenciar la localización de víctimas.

Carlos Beristain, exmiembro del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes en 2013 en Ayotzinapa, México, sostuvo que esa debe ser una de las primeras acciones de una comisión especial que iniciara funciones en 2018.

«Una de las primeras cosas que tiene que hacer la comisión es pedir acceso a los archivos en general que tengan información sobre violaciones a derechos humanos y desaparecidos», incluido el de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, sostuvo Beristain.

Tras el final de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), la ONU formó dicha comisión para investigar las violaciones a derechos humanos y luego de emitir un informe en 1993, envió a la sede del organismo multinacional en Estados Unidos los archivos de las investigaciones y denuncias.

«Toda la documentación quedo clasificada durante 50 años y esa es buena parte de la violencia sufrida en El Salvador y tiene que estar disponible para la comisión de búsqueda, porque ahí hay muchos elementos que le van a ayudar», añadió.

Señaló que, para esta desclasificación, el país debe «establecer un convenio» con la Secretaría General de la ONU para que autorice el acceso y que «no creo que haya ningún problema» para levantar las precauciones establecidas en el contexto de posguerra.

El Gobierno salvadoreño presentó el pasado 27 de septiembre el decretó ejecutivo que da vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (Conabúsqueda), que se espera comience a funcionar en 2018.

Beristain dio estas declaraciones en el foro «Desaparición forzada en conflictos armados: modelos de búsqueda en El Salvador y América Latina», en el que diferentes expertos compartieron las experiencias de México, Guatemala, Colombia, Perú, Chile e Irlanda del Norte.

El evento fue auspiciado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Mauricio Aquino, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

La guerra salvadoreña que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora el partido de Gobierno, y dejó a unos 8.000 desaparecidos, según datos oficiales, aunque organizaciones no gubernamentales calculan que fueron 10.000. EFE