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MONTEVIDEO (Sputnik) — Argentina es un ejemplo en América Latina y el mundo en cuanto a la recuperación de memoria, verdad y justicia para las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), pero ese avance se ha detenido desde que comenzó el Gobierno de Mauricio Macri, dijo a Sputnik la abogada Luz Palmás Zaldúa.

“El Poder Ejecutivo valora por un lado el proceso de memoria, verdad y justicia, pero tomando decisiones en sentido contrario o debilitándolas”, señaló Palmás Zaldúa, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tras participar en el 165 período de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que se lleva adelante en Uruguay.

La abogada valoró “enormemente” el proceso de memoria, verdad y justicia que se logró construir por la lucha del movimiento de derechos humanos y de los familiares y víctimas (de la dictadura).

Tal avance fue posible gracias a que “desde 2003 a 2015 hubo gobiernos que lo tomaron como políticas de Estado y se produjo reapertura de procesos judiciales” y un conjunto de políticas públicas en ese sentido.

Sin embargo, el actual Gobierno ha desarticulado dependencias clave, como la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad, “lo cual es alarmante porque ese relevamiento de archivos nutría de información a las investigaciones judiciales”, dijo.

También es preocupante, continuó Palmás Zaldúa, que el Banco Central de Argentina no haya creado una oficina que revise la política económica de la dictadura, pues también los actores económicos fueron responsables, consideró.

“Ha habido avances en cuanto a destacar la participación de los agentes económicos en el terrorismo de Estado, pero este Gobierno trata de tomar medidas para que eso no suceda, lo que también se ve reflejado en que la comisión bicameral que se creó para ese tema lleva dos años sin funcionar”, añadió la coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia en el CELS.

Desde que el Gobierno de Macri asumiera en diciembre de 2015, también se produjeron “regresiones en materia jurisprudencial como el beneficio del 2×1”, que permite rebajar el cómputo de la pena en casos de delitos de lesa humanidad, explicó la abogada a esta agencia.

Por todo ello, en la audiencia ante la CIDH uno de los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil fue a los tres poderes del Estado.

“El planteo de no regresividad de los comisionados [de la CIDH tras escuchar a las organizaciones y a los representantes del Estado] nos alienta a seguir peleando para que el proceso de memoria, verdad y justicia, no se debilite ni se detenga”, agregó.

Por otro lado, la abogada aseguró que en América Latina sigue existiendo una asignatura pendiente en cuanto a las personas desaparecidas durante las dictaduras de los años 70 y 80 que se dieron en la región.

“Países como Chile y Uruguay avanzaron en algunas investigaciones judiciales; en el caso de Chile con sanciones muy bajas que no van de la mano de la gravedad de los hechos, mientras que en Uruguay se ha dado un proceso de justicia muy lento”, aseguró la abogada del CELS.

También recordó que Brasil solo presentó en diciembre 2014 su informe de la Comisión Nacional de la Verdad, que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988.

Por su parte, Bolivia creó su propia Comisión de la Verdad el pasado mes de agosto con el objetivo de investigar 18 años de dictaduras en el país, mientras que Paraguay “no tuvo procesos judiciales”.

“Son datos preocupantes de la región cuando han pasado tantos años [desde las dictaduras], por eso hay que insistir en que haya más celeridad y una pronta resolución en un proceso de rendición de cuentas”, concluyó Palmás Zaldúa.

Desde el 23 al 27 de este mes la CIDH lleva a cabo su 165 período de sesiones en el Palacio Legislativo de Uruguay.