Tegucigalpa – Honduras ha comenzado un proceso de reparación moral con las víctimas y sus familiares de su cruento y violento pasado como país violador de derechos humanos.
– Pero los responsables intelectuales de las muertes de los activistas no han sido procesados en la mayoría de los casos.
Con ello, el país busca hacer una catarsis y comenzar a repasar su historia a fin de que en el presente y futuro no vuelvan a repetirse en su historia la violación de derechos humanos a sus ciudadanos.
Recientemente el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, pidió perdón por el asesinato del líder ambientalista Carlos Escaleras.
El Estado llegó a un acuerdo amistoso de cumplimiento con los familiares de Escaleras de acuerdo a las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El 18 de octubre del 2017, se inauguró la Plaza “Carlos Escaleras” en Tocoa en conmemoración del 20 aniversario del asesinato del ambientalista, evento que aprovechó el estado de Honduras para pedir perdón público.
“Esperamos que en esta oportunidad no se vuelva a repetir un acto de perdón por violación a las garantías constitucionales del derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos y la lucha a los defensores de derechos humanos”, manifestó Eldin Escaleras, hermano del ambientalista.
El ambientalista fue un reconocido militante que activó en la zona de Tocoa, en el departamento de Colón.
La muerte de Escaleras se produjo cuando se oponía a la construcción de proyectos que afectarían a la región del Bajo Aguán.
Escaleras se unió a la lista de ambientalistas que fueron asesinados y que el Estado hondureño ha tenido que pedir perdón por violación a los derechos de la integridad personal, las garantías judiciales y a protección judicial.
El 14 de enero del 2003, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), adscrito a la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica, presentó una demanda en la CIDH alegando que el Estado de Honduras es el responsable de los asesinatos de los ambientalistas Blanca Jeannette Kawas, Carlos Antonio Luna y Carlos Escaleras.
Carlos Antonio Luna
Fue un activista del medio ambiente y dirigente político que nació el 13 de junio de 1955 en La Ceiba, Atlántida, y fue asesinado el 18 de mayo de 1998 en el municipio de Catacamas, Olancho.
Luna trabajó para organizaciones campesinas, además fue funcionario en el Instituto Nacional Agrario (INA) en Santa Bárbara y Copán.
Además, tuvo vinculaciones con organismos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y el gremio que defiende los derechos de las mujeres, Visitación Padilla.
Asimismo, fue dirigente del Partido Liberal, aunque fue candidato a alcalde por Partido de la Unificación Democrática (UD), y regidor de la alcaldía de Catacamas.
Escaleras, al momento de su muerte, era el candidato a alcalde para la ciudad de Tocoa por el naciente partido de Unificación Democrática (UD), de tendencia izquierdista.
El 18 de mayo de 1998, cuando salía de una reunión en la alcaldía de Catacamas fue atacado a balazos, lo que provocó su fallecimiento.
La muerte de Luna está ligada denuncias de actos de corrupción en la corporación municipal de Catacamas relacionadas con la concesión de permisos madereros y de tala ilegal del bosque.
El 26 de mayo del 2014, el secretario de Derechos Humanos, Rigoberto Chang Castillo, solicitó perdón público a los familiares del ambientalista por su asesinato.
“Sabemos que no hay palabras para consolarlos, pero ustedes deben sentirse orgullosos del padre que tuvieron”, expreso Castillo.
Por su parte, el hijo del ambientalista, César Luna, señaló que habrían sido 16 años difíciles porque fueron víctimas de cómo individuos arrebataron a su padre.
“Exigimos al Estado hondureño que cumpla con la sentencia y proceda contra los responsables que siguen libres, porque nosotros seguimos sufriendo por la pérdida de nuestro padre y mientras haya impunidad seguirá este dolor”, aseveró Luna en ese evento.
Hasta el momento, no han sido capturado ningunos de las autores materiales e intelectuales del asesinato del ambientalista debido a que no hubo una investigación adecuada.
Blanca Jeannette Kawas
Kawas fue una ambientalista conocida por defender la flora, fauna e impedir la tala ilegal del bosque, fue presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate).
Fue asesinada en su casa el 6 de febrero de 1995 cuando individuos le dispararon con armas de fuego en Tela.
Kawas se oponía a la explotación comercial de Punta Sal, un importante refugio de vida silvestre y declarado parque nacional y área protegida, habitado por habitantes garífunas.
La Corte IDH condenó al Estado de Honduras en 2009 por el caso de la ambientalista.
Debido a la orden de la Corte de aclarar el asesinato de Jeannette Kawas, el Estado de Honduras en junio del 2010 reconoció su responsabilidad del asesinato.
El Estado de Hondura pidió perdón por el asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas el 27 de febrero del 2012.
Pero no solo a las muertes de activistas ambientales y de grupos sociales ha tenido que responder el Estado de Honduras ante organismos y cortes internacionales de derechos humanos, lo ha hecho también por casos de muertes ocurridas en centros de detención, donde la seguridad de las personas estaban bajo responsabilidad del Estado.
Caso Pacheco Teruel
Este caso se refiere al incendio ocurrido en el centro penal de San Pedro Sula el 17 de mayo del 2004 en la que 107 internos, algunos de ellos eran miembros de maras y pandillas, fallecieron.
Las condiciones del centro penal eran inadecuadas debido a que los internos no recibían atención médica y la alimentación era deficiente, asimismo, la cárcel estaba sobrepoblado con celdas sin ventilación, ni luz natural provocando grandes hacinamientos.
Según informes, el centro penitenciario carecía de mecanismos para prevenir y afrontar incendios por lo que el personal tenía las instrucciones de llamar a los bomberos.
En el incendio, los privados de libertad no pudieron salir de la celda, al menos por una hora, generando una gran cantidad de muertes causa de asfixia por sofocación y quemaduras graves.
Grupos como la Pastoral Penitenciaria, ERIC y Caritas, todas instancias de la Iglesia Católica, presentaron la demanda ante la Corte IDH el 14 de julio del 2005.
El 28 de febrero del 2012, durante la audiencia pública en la corte se llegó a un acuerdo amistoso entre el Estado y los familiares de las víctimas del incendio.
En el acuerdo, el Estado hondureño reconoció su responsabilidad internacional respecto al contexto, hechos y violaciones descritas en el informe y acordó tomar medidas para la reparación del caso.
El 27 de abril del 2012, la Corte declaró al Estado de Honduras responsable internacionalmente por la muerte de 107 privados de libertad en la celda No.19 del centro penal de San Pedro Sula debido a las deficiencias estructurales.
Caso Juan Humberto Sánchez
Era un ciudadano hondureño que trabajaba como operador en Radio Venceremos.
Sánchez regresó a Honduras y fue detenido en dos ocasiones por las Fuerzas Armadas de Honduras por su presunta vinculación con el Frente Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, durante la guerra civil del país vecino.
La primera detención se habría produjo el 10 de julio de 1992 por efectivos del Décimo Batallón de Infantería de Marcala, La Paz y al día siguiente fue liberado.
La segunda detención se llevó a cabo por efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Territoriales en su casa de habitación la noche del 11 de julio del mismo año.
Durante más de una semana sus familiares no supieron de su paradero hasta el 22 de junio de 1992 se halló su cadáver en un pozo de un río.
A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos para investigar los hechos y sancionar a los responsables, estos no resultaron efectivos.
El Estado pidió perdón el 12 de septiembre del 2005.
Caso Cuatro Puntos Cardinales
El 12 de noviembre de 2007, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana, las autoridades municipales inauguraron el puente a desnivel conocido como “Cuatro puntos cardinales”, una obra con la que se honra la memoria de cuatro jóvenes asesinados por fuerzas policiales en 1995 y busca perpetuar en la memoria de los capitalinos el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Se trata del caso de los jóvenes Marco Antonio Servellón García (16), Rony Alexis Betancourth Vásquez (17), Diómedes Obed García Sánchez (18) y Orlando Álvarez Ríos (32), quienes fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional el 15 de septiembre de 1995, por suponerlos miembros de pandillas armadas.
Los muchachos aparecieron muertos un día después en cuatro diferentes sitios de la capital hondureña, por lo que los organismos de derechos humanos le conocen como “el caso de los cuatro puntos cardinales”.
Una sentencia de la Corte Interamericana de los derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Honduras a pagar 11 millones de lempiras para indemnizar a los familiares de las víctimas, así como construir un monumento para recordar a los fallecidos.
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Pendiente juzgamiento Aunque el gobierno, en nombre del Estado, ha reconocido su responsabilidad en los casos señalados y ha pedido perdón a los familiares de las víctimas, así como a la sociedad, y en algunos casos ha dado una reparación económica, todavía se está en deuda en cuanto a reparar justicia. Y es que en la mayoría de los casos los autores intelectuales de las muertes de ambientalistas y activistas sociales no han sido identificados y peor juzgados. Únicamente se han dado casos de juzgar y condenar a ciertos responsables materiales. |
Observatorio Latinoamericano de Memorias 