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Por Roberto Velázquez Quiroz 

El debate de la “segunda transición” revela que los recuerdos conflictivos permanecen en el centro de la legitimidad política, transformando las elecciones de 2017 en una etapa en la que versiones rivales de verdad, justicia y cultura resucitan cuestiones del pasado que demandan resolución en el presente, escribe Roberto Velázquez Quiroz  (Pontificia Universidad Católica de Chile). 

El domingo 19 de noviembre de 2017, Chile se dirige a las urnas para elegir un sucesor del presidente Michele Bachelet. En los últimos años, el espectro ideológico ha visto una reorganización de las fuerzas tradicionales, que habían tendido a gravitar hacia el centro político.

El Frente Amplio (Frente Amplio, FA), la nueva alianza izquierdista, ha tomado el camino más progresivo, con Beatriz Sánchez como candidata presidencial. La facción de centro-izquierda Nueva Mayoría (NM), en la cual los demócratas cristianos y los comunistas acordaron la coexistencia estratégica, expone las fracturas de la vieja política derivada del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en 1973. Los candidatos de la coalición, Alejandro Guiller y Carolina Goic están planteando la posibilidad de un proyecto unificado bajo presión al presentar diferentes programas dirigidos a los votantes de la clase media.

En este escenario fragmentado, la derecha liberal representada por el multimillonario ex presidente Sebastián Piñera impulsa una agenda que destaca la reconciliación y el perdón en la política posterior a la dictadura. En una reciente conferencia de prensa , Piñera presentó un programa económico que pretende “[provocar] una segunda transición … que encarne los valores de una nación desarrollada con altos niveles de capital humano, una mejor calidad de vida y sin pobreza”.

En medio de visiones antagónicas del pasado y el futuro, la política de la memoria de Chile está reabriendo las viejas heridas de la época de la Guerra Fría.

Perspectivas sobre la “Segunda Transición”

La campaña de Piñera presenta una narración que continúa la tradición populista de modernización liberal. Sin embargo, un elemento distintivo es un argumento histórico que define el crecimiento económico y la inversión privada como extensiones de la estabilidad política lograda cuando Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente de la democracia de transición en 1990.

La “segunda transición” de Piñera denota la revitalización de un centro político que en los años 80 y 90 “permitió el crecimiento de una democracia ejemplar que fue admirada y reconocida como tal en todo el mundo”. Pero este movimiento debe ubicarse en el contexto del candidato historia personal durante la década de 1980.

Su participación en la creación del partido liberal-conservador National Renewal (RN) precedió al referéndum de 1988 que puso fin al régimen de Augusto Pinochet, que se remonta a su golpe de 1973 contra Salvador Allende. El camino más reaccionario tomado por el ala conservadora, la Unión Democrática Independiente (UDI), se apartó de la decisión de RN de apoyar a un candidato presidencial distinto de Pinochet en 1990. Sin embargo, después de la transición las narrativas políticas UDI-RN se unieron para antagonizar la nueva alianza de las fuerzas de centro-izquierda representadas por la Concertación.

Entre los líderes más destacados en RN, Andrés Allamand (Ministro de Defensa de Piñera 2011-12) fue fundamental en el surgimiento de debates desarrollistas dirigidos a la desmovilización de los actores sociales para permitir la implementación de acuerdos económicos descendentes. En 1999  Allamand notó   que fue durante sus años como vicepresidente de RN que “entendió que la clave de la transición era la democracia liberal de RN y no el reformismo socialdemócrata promovido por los demócratas cristianos”.

Esta crítica al Partido Demócrata Cristiano tuvo un valor estratégico desde la década de 1990 en adelante, cuando el centro político permaneció volátil después de años de autoritarismo. Al oponerse a los debates públicos sobre las atrocidades de la dictadura, el RN pretendía establecer una hegemonía de centroderecha. La legislación del partido sobre la justicia transicional fue profundamente influyente en la exclusión de los actores sociales que rechazaron la legitimación del legado de Pinochet de privatización económica y secreto criminal.

En la misma línea, la candidatura de Piñera vuelve a disputas históricas con respecto a la continuación del proyecto de transición cristianodemócrata. El intento de crear un vínculo genealógico con el gobierno de Aylwin arroja luz sobre las intenciones ideológicas.

En un debate reciente , Goic criticó la “apropiación de la identidad política” de Piñera y expresó su preocupación por la falta de reconocimiento otorgado a la “autoridad histórica del demócrata cristiano sobre ideas de desarrollo económico y estabilidad política”. Para ella, la “segunda transición” corresponde a ideales políticos de cambio cultural que Alejandro Foxley, el Ministro de Finanzas de Aylwin, había promovido durante mucho tiempo  .

Según Foxley, la historia reciente de Chile exige una renovación de la credibilidad institucional mediante la promoción de inversiones estatales que hagan la transición de la modernización económica a la cohesión social. Con el tiempo, esto traería estabilidad a los procesos democráticos sin abordar directamente los conflictos ideológicos derivados del pacto de 1990. Pero incluso si la indiferencia hacia las cuestiones de verdad, justicia y rendición de cuentas sigue siendo la historia central de la tradición demócrata-cristiana, la política de la memoria -o el olvido- sigue siendo el centro de la política contemporánea.

En el otro extremo del espectro, encontramos el surgimiento del Frente Amplio, compuesto por movimientos sociales, pero que carece de representación sustancial en el Congreso. Su campaña se centra en cuestionar la autoridad política de centro-derecha y centro-izquierda. Su programa articula una narrativa que socava la idea de una “primera transición”, que todavía domina la vida democrática en 2017.

Surgiendo de los movimientos estudiantiles que deslegitimizaron la privatización del sistema educativo de Pinochet, los líderes de Broad Front han acusado a las políticas plebiscitarias de profundizar la desigualdad social y la apatía política. Su análisis  ve una ausencia de discusión pública sobre la responsabilidad política de los pactos centristas como la reproducción del pragmatismo neoliberal y el distanciamiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos de la representación democrática. Desde esta perspectiva, desacreditar el centro tradicionalmente fundamental obvia la idea de una segunda transición en el futuro.

La política persistente de la memoria en Chile y más allá

Si la memoria siempre se negocia entre muchos significados provisionales que pretenden captar fragmentos de la realidad, nuestra comprensión del pasado siempre tiene consecuencias estratégicas, políticas y éticas para el presente.

Para algunos , el caso chileno ejemplifica la reminiscencia radical de las disputas no resueltas sobre la memoria, transformando la vida democrática desde 1990 en una arena de batalla permanente. Las elecciones presidenciales de 2017 no pueden escapar a esta condición estructural en la medida en que “si la [transición transaccional] fue un esfuerzo proactivo por una liberalización política controlada desde arriba o una estrategia bajo presión de problemas económicos o una disminución de la fuerza política, el punto era negociar o imponer el fundamental reglas del juego en el futuro “.

Por lo tanto, para el Chile posconflicto, la cuestión de la política de la memoria no es una cuestión de distribuir la culpa entre la sociedad, sino más bien de quién o qué tiene derecho a hablar en el presente por un pasado compartido y dañado. Este es el tema que sustenta la persistente oposición a las ideas de una “primera” transición y ahora una “segunda”.

Pero la justicia de transición de Chile es parte de un panorama más amplio de la política posterior a la Guerra Fría. De hecho, los episodios de terrorismo de Estado en Europa y América Latina tienen una larga historia de militarismo que conecta a diferentes naciones con sistemas transnacionales de represión. La investigación sobre la Guerra Fría Interamericana  ha permitido rastrear las redes de inteligencia que apoyan a las dictaduras anticomunistas en Brasil, Chile y Argentina desde 1964. Incrustadas en estos procesos regionales, las disputas sobre la memoria surgieron en la década de 1990 debido a las experiencias interconectadas de autoritarismo.

La preocupación de Chile por la validez histórica de una “segunda transición” se refiere a la idea de “la otra Guerra Fría” , que se extiende más allá de los límites de 1989 y en el ámbito de la economía moral doméstica. Existe acuerdo sobre el curso de eventos específicos en la era posterior a la dictadura, pero no sobre cómo la verdad de estos eventos debe ser representada ideológicamente. Y las negociaciones políticas dentro de la democracia tienden a ser contestadas por actores sociales que presionan por narrativas más inclusivas.

En cierto sentido, las transiciones posteriores a la Guerra Fría presentaron el desafío de acomodar el pasado para salir de él ya sea olvidando o memorizando las demandas de restitución, reconciliación e identificación de las historias ocultas que fueron borradas por acuerdos institucionales.

En Chile, los reclamos políticos en torno a una “segunda transición” se hacen eco de la “primera” transición pactada entre partidarios y opositores a la brutal dictadura de Pinochet. En ese momento, las negociaciones políticas acordaron la restitución gradual de la política institucional fracturada por el régimen saliente, desde 1981, a través del plebiscito de 1988, hasta las elecciones de 1990.

A pesar de que la consolidación histórica de la transición ha sido repetidamente interrogada y analizada por políticos, intelectuales, activistas y víctimas de la cruel represión de Pinochet, los debates actuales hablan de la persistencia de visiones antagónicas de los acontecimientos desde 1990 en adelante.

Fundamentalmente, los recuerdos conflictivos permanecen en el centro de la legitimidad política, transformando las elecciones de 2017 en una etapa en la que las versiones en competencia de la verdad, la justicia y la cultura resucitan las cuestiones del pasado que demandan resolución en el presente.