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En un comunicado que titularon “Etchecolatz es el límite”, los Organismos de DDHH rechazaron el fallo dictado ayer en el que el represor gozará de prisión domiciliaria.

Una decena de organizaciones de derechos humanos consideraron hoy que la prisión domiciliaria concedida al represor Miguel Etchecolatz “marca un retroceso gigantesco para el proceso de Memoria Verdad y Justicia”.

Afirmaron además que “para un asesino como él, no hay otro sitio que la cárcel común, perpetua y efectiva”.

En un comunicado con el título “Etchecolatz es el límite”, las organizaciones advirtieron que, así como en los años ’90, “si no hay Justicia, habrá escrache para los genocidas”, en referencia a manifestaciones frente a los domicilios de los represores para visibilizarlos ante la sociedad.

Con la firma de Madres de Plaza de Mayo-línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la zona Norte, entre otras, el comunicado asegura que Etchecolatz goza de “libertad encubierta como prisión domiciliaria”.

“El camino del ‘dos por uno’ que trazó la nueva Corte Suprema, que habilitó las libertades a domicilio con el fallo a favor del genocida (Felipe) Alespeiti ha abierto las puertas para este verdadero agravio a la memoria, las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y a la democracia”, expresaron.

El comunicado también lleva la firma de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La Matanza.

Etchecolatz, de 88 años, quien tiene seis condenas por la comisión de delitos de lesa humanidad recibió el beneficio de prisión domiciliaria otorgado el miércoles por el Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires.

El tribunal concedió el beneficio dado el “delicado cuadro de salud” de quien fue jefe de 21 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983).