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Por Justicia para la Paz

Las preocupaciones del empresariado durante las discusiones del sistema de justicia transicional giraron en torno a su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero no se preguntaron por su papel en la construcción de la verdad del conflicto. ¿Cómo serán recordados?

Cesar es el departamento más mencionado en los 56 informes que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó en torno al vínculo de empresarios con el conflicto armado colombiano. Le sigue Meta, luego La Guajira, Chocó y Tolima. Acorde a esto están los sectores de las empresas mencionadas: minería de petróleo y gas, palmicultura, minería diferente al oro, industria de frutas y minería de oro.

“En Cesar, la actividad empresarial que más se encuentra es la minería de carbón y, después de Antioquia, es el departamento que más procesos de restitución de tierras tiene en trámite. Además, algunos de esos procesos se asocian con la minería de carbón, con la palma y muchos otros con el paramilitarismo”, dice Nataly Sarmiento, directora de Empresas y DD.HH, de la FIP. Ella y su equipo hicieron la revisión de 56 informes elaborados por 42 organizaciones no gubernamentales que mencionaban empresas en el marco del conflicto armado y que fueron publicados entre 2008 y marzo de 2017.

En los informes se mencionan los nombres de empresas mineras (petróleo y gas, carbón y oro) como Glencore, AngloGold Ashanti (AGA), Pacific Exploration & Production Corp, Drummond, BP y Anglo America, BHP Billinton y Xtrata, los tres dueños de Cerrejón; palmicultoras como Poligrow, Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma; y empresas fruteras como Chiquita Brands.

La búsqueda de esta información comenzó porque a mediados de 2017 la FIP se reunió con empresarios para identificar cuáles eran sus preocupaciones alrededor de todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En esas conversaciones y talleres en regiones, encontraron que las dudas iban en relación a la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y sobre la parte del Acuerdo Final con las Farc que decía que los informes de ONG, y otros grupos civiles, sobre víctimas podrían ser considerados como material probatorio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Eso les generaba muchas inquietudes, previendo que un grueso de esos informes tiene perspectivas negativas sobre el vínculo entre los empresarios y el desarrollo del conflicto en algunas regiones del país”, dice Sarmiento. Sin embargo, el estándar probatorio terminó no incluyendo esta posibilidad.

Esos informes de las ONG hacen parte de las narraciones de la sociedad civil sobre la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado y por lo tanto sí pueden hacer parte de los insumos de la Comisión de la Verdad. Es en este mecanismo extrajudicial –es decir, que no podrá hacer imputaciones penales– donde el empresariado tiene la posibilidad de contar su versión sobre su papel en el conflicto. No obstante, esa no ha sido su mayor preocupación.

¿Desinterés o desconocimiento?

“Nosotros vemos que los empresarios se preocuparon y se ocuparon por hacer un lobby muy fuerte alrededor de la JEP, previendo que eso les generaría riesgos legales y reputacionales, pero no se preguntaron por su papel en la Comisión de la Verdad”, reflexiona la investigadora.

Ese lobby fue efectivo, dice Sarmiento, lograron que su comparecencia ante la JEP no fuera obligatoria, “ellos estuvieron muy alertas con quiénes estaban en el Comité de Escogencia, quiénes iban a ser elegidos como magistrados en la JEP, pero cuando ocurrió la escogencia de la Comisión, al menos ante la FIP no expusieron su interés”, dice. Eso en sí mismo es un reflejo o del desconocimiento, del desinterés o de subestimar esta instancia, que hace parte del mismo sistema de justicia transicional.

Los empresarios obviaron que como ciudadanos y como empresarios tienen la responsabilidad de contar su parte de la verdad, cosa que es fundamental porque va completando la verdad histórica, que es a donde le apunta este órgano, y que trasciende la verdad jurídica. ¿Cómo quiere ser recordado el empresariado en el conflicto colombiano?

Por ejemplo, dice Sarmiento, deben hacerse salvedades en la vinculación que se hace de las empresas con los hechos victimizantes. Aunque muchos de los informes se pueden relacionar con dinámicas del conflicto armado, “otros corresponden a malos manejos de impactos sociales y ambientales de las empresas. En eso hay que ser cuidadosos, porque algunos informes hablan de despojos de tierras y desplazamientos forzados, otros aluden a procesos de reasentamientos, que tratan precisamente las reclamaciones por eso que se hizo mal desde las empresas”, aclara.

Entonces, hechos como las afectaciones a la integridad física, vulneraciones a los derechos laborales y sindicales y afectaciones en razón de la tierra, afectación al medio ambiente y financiación, apoyo y/o complicidad con paramilitares, que son los cinco principales derechos humanos presuntamente vulnerados por la actividad de las empresas en los territorios, son hechos que deberán esclarecerse, pero en los que tienen la posibilidad de narrar, desde su perspectiva, qué fue lo que pasó.

La FIP hizo una serie de recomendaciones para la participación de los empresarios en la Comisión de la Verdad, empezando por presentar candidaturas. Esto no se hizo, pero están a tiempo de hacer indagaciones internas, porque las empresas cambian y las personas que las dirigen también, o de organizarse por sectores y aportar lo que tengan.

El mensaje, finalmente, es recordar que la construcción de la verdad es un pilar del acuerdo. “El papel de los empresarios no es simplemente generar empleo o contratar desmovilizados. De lo que se trata es de involucrarse en el proceso de la verdad”, sentencia Sarmiento, si realmente quieren participar, la Comisión de la Verdad es la instancia para hacerlo.