La última gran guerra del Ejército Colombiano es contra el Centro de Memoria Histórica

las2orillas.co

Por: Gustavo Adolfo Flórez Garzón

Torpedear la Comisión de la Verdad, dinamitar el alcance de la Justicia Especial de Paz y minar la credibilidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, los frentes de batalla que libra la Fuerza Pública en Colombia.

Como a los militares les preocupa que la Justicia Especial de Paz, JEP, indague los crímenes de lesa humanidad, la acción conjunta con los paramilitares y demás delitos cometidos por las Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, coartan al gobierno para que les otorgue un tratamiento especial ante la JEP.

Para Myles Frechette, embajador de USA en Colombia 1994-1997, la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, es quien presiona: “chantajea”, al presidente Juan Manuel Santos para que les den un trato especial y benévolo en la JEP.

Frechette, en entrevista con Jorge Gómez Pinilla, en El Espectador (49/04/2017), afirmó que si él fuera un militar: “pensaría igual en cuanto a que es posible que yo haya hecho cosas brutales, pero lo hice por el bien de la patria”.

Cosas brutales como masacres, desaparición forzada, ejecución extra judicial, entre otros crímenes atroces cometido por militares. Crímenes juzgados y condenados por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Acore –para Frechette una “organización poderosísima en Colombia”– logra que el gobierno, aun cuando estaba en el acuerdo final con las Farc, excluya de la JEP lo referente al Artículo 28 del Estatuto de Roma que versa sobre la responsabilidad de jefes y otros superiores militares incursos en crímenes cometidos por las fuerzas bajo su mando y control efectivo.

Por aquello de la responsabilidad de mando, los superiores militares (activos o en retiro) pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional, CPI, por los actos contra el servicio cometidos por los subordinados bajo su autoridad.

Con ése ejército de fantasmas asustándolos, la poderosa jerarquía militar logró blindarse, al excluir de la JEP el Artículo 28 del Estatuto de Roma y en su lugar sea la laxa justicia colombiana la que juzgue sus acciones.

Al gobierno de Santos no le importó la presión internacional ejercida por José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, HRW, ni las protestas del Movimiento de Víctimas de Estado, Movice y otras organizaciones civiles que le advirtieron lo contraproducente de dicha decisión.

La posteridad: la otra batalla de Acore

Insatisfechos con las prebendas obtenidas en la JEP, que entre otras cosas incluye el pago de la defensa legal y la amnistía, los militares enfilaron su poderosa fuerza de ataque contra la construcción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano.

A los militares les disgustó que el Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, revelara en su informe de 2013, ‘¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad’, por ejemplo, que de las 1.982 masacres documentadas entre 1980 y 2012, la Fuerza Pública cometió el 7,9% de ellas, o sea unas 158 y; el 0,6%, unas 20 masacres, fueron ejecutadas en acciones conjuntas con los paramilitares.

Respecto a las 16.346 acciones de asesinato selectivo que produjeron 23.161 víctimas en 22 años documentados del conflicto armado, las Fuerzas Militares son responsables de 2.339 homicidios, o sea el 10,1% del total.

En cuanto a las desapariciones forzadas, de los 5.016 procesos registrados y cuya autoría solo pudo establecerse en 689 casos, 290 o sea el 42,1% fueron desapariciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública.

Con ésa montaña de cadáveres acuestas, los militares declaran, a través de medios oficiales como la Revista Armada y Periódico Acore, que “el Basta Ya parece hecho por el enemigo” y, se trazaron como objetivo “inscribir para la posteridad la heroica acción sin mancha de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas”.

Es así como Acore y los militares activos presionan a Santos para que con el Decreto 502 del 27 de marzo de 2017 los incluya, a través del Ministerio de Defensa o su delegado, en el Consejo Directivo del Cnmh y decidir el enfoque, metodología y ejecución de los trabajos de reconstrucción de memoria histórica.

Para Acore, solo su versión “es la verdad verdadera” y la Comisión de la Verdad fue creada por sus detractores para manchar la ya de por sí sangrienta gloria de la Fuerzas Pública colombiana.

Las Fuerzas Militares también se han opuesto férreamente a la desclasificación de sus archivos de inteligencia y contrainteligencia, material de gran aporte para la construcción de memoria, aduciendo comprometer la seguridad nacional y contrariando lo consignado en el acuerdo final y en la Ley 1712 o de Transparencia y Acceso a la información pública.

Por ahora, los militares han ganado su última gran guerra. Mientras, las víctimas, derrotadas pero con dignidad, continuarán clamando: ¡Verdad! y ¡Justicia!

@adolfoflorezg

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