El gobierno boliviano anunció que conformará en breve una comisión de la verdad, ya aprobada por ley, para investigar violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras militares pasadas, mientras que activistas civiles exigen celeridad.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció que «la comisión de la verdad, por decisión de nuestro presidente (Evo Morales), en los próximos días, próximas semanas, será conformada», reseñó este jueves la prensa local.
El gobierno de Morales aprobó en diciembre de 2016 una ley para formar esa instancia investigadora y la elección de cinco miembros, pero hasta la fecha no se procedió a la selección, ni a un decreto reglamentario para reforzar esa norma general.
«¡Comisión de la verdad, ya!», dijo a la AFP Julio Llanos, presidente de la organización Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano.
Reclamó porque «ya van a ser seis meses que no se nombran a los miembros de la comisión» y que urge esta instancia para «un resarcimiento integral a las víctimas, para establecer una verdad histórica de los hechos».
Organizaciones de derechos humanos estiman que entre las décadas de mediados del 60 y principios del 80, durante las dictaduras militares de derecha, se registraron unos 170 muertos y desaparecidos.
Llanos señaló que el mismo Ministerio de Justicia estableció que además existen otras 6.800 personas que fueron torturadas, exiliadas o perseguidas.
Varios miembros de la organización que encabeza Llanos se instalaron en carpas improvisadas de madera y lona, desde hace cinco años y seis meses, al frente del Ministerio de Justicia, en el corazón de La Paz, para reclamar justicia y un «resarcimiento integral».
«El Estado tiene la obligación ineludible de reparar los daños a las víctimas y nosotros como víctimas (tenemos) el derecho irrenunciable a acceder a ese resarcimiento», acotó el dirigente, exdirigente minero y detenido varias veces.
La ley establece además la desclasificación de documentos militares y policiales y la libertad de los miembros de la comisión de acceder a cualquier instancia que considere conveniente.
Observatorio Latinoamericano de Memorias 