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El principal impulsor del juicio de responsabilidades contra el dictador Luis García Mesa y sus colaboradores, Juan del Granado, cuestionó ayer que el propio comandante en Jefe de las FFAA, Luis Ariñez, pusiera en duda la existencia de los archivos de las dictaduras, ya que su desaparición es un delito penal y militar  que debió denunciar.

Del Granado, consultado respecto a las afirmaciones del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en sentido de que posiblemente los documentos de las dictaduras fueron destruidos, dijo que se trata de una declaración imprecisa y, por tanto, no lo suficientemente responsable, más aún cuando se trata del comandante militar.

“¿Cómo es que el comandante no sabe si han destruido o siguen ahí los archivos?, ¿no tiene esa información?, ¿no ha pedido información?”, interrogó.

En oportunidad de la posesión de la Comisión de la Verdad, la cual está facultada para investigar los hechos violentos de la dictadura en Bolivia, el general Ariñez manifestó que “nosotros tenemos alguna información, probablemente la que se disponga. Pero si uno piensa que ahí en esos archivos está toda la historia, no. Es posible que todos esos archivos hayan sido destruidos en su momento. Nadie deja evidencias”.

El jurista señaló que “el comandante nos tiene que decir al país cuándo se destruyeron, qué archivos se destruyeron, todos los archivos de Barrientos, Banzer, García Mesa, además nos tiene que decir con precisión quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos públicos, mucho más si son archivos castrenses, es un delito penal y un delito castrense”.

Acotó que Ariñez está en la obligación de identificar a los responsables de la destrucción y que ha hecho las FFAA para sancionar a esos delincuentes que destruyeron los archivos.

“Yo no creo que haya tal destrucción, yo creo que esos archivos están —no seguramente— en las gavetas de las oficinas públicas. Las FFAA, lamentablemente, los mandos superiores de las FFAA han tenido una permanente actitud de encubrimiento de las dictaduras”, sostuvo.

Dejó en claro que el artículo séptimo de la norma establece no la voluntad, la obligatoriedad institucional y personal que tienen autoridades militares, policiales y de cualquier otra índole para proceder a la desclasificación, vale decir todos los archivos que tengan que ver con la dictadura.

CRITICA COMISIÓN DE LA VERDAD

Juan del Granado también cuestionó la composición de la Comisión de la Verdad al sostener que la militancia política de sus miembros, que responden al Movimiento Al Socialismo (MAS), pone en duda la credibilidad de esta instancia que tiene como encargo “investigar los Gobiernos dictatoriales”.

“La designación de los miembros de la comisión es positiva, no hay que descalificar de principio, pero al tener militantes del MAS, la estructura partidaria masista no le hace un favor y, por tanto, la primera tarea de esa comisión, una tarea que le va a hacer perder tiempo, es ganar credibilidad”, afirmó.

“Nos parece una barbaridad que se quiera poner en duda a personas de merecida trayectoria”, indicó la diputada oficialista Sonia Brito. En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, se limitó en manifestar que los miembros de la comisión son personas comprometidas con la democracia y la vigencia de los derechos humanos.