Por Daniela Carmona
Enterrados hace más de 20 años en una fosa común como NN, finalmente podrán ser identificados.
Han pasado 20 años desde la noche del 12 de noviembre de 2007, en que Martha Cecilia Herrera vio por última vez a su familia. Sus dos hijas, sus dos yernos y su nieta de seis años fueron sacados a la fuerza por guerrilleros de las Farc en el municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá. Su caso, recogido en el informe ‘Caquetá: conflicto y memoria’, del Centro de Memoria Histórica, es uno de los más de mil que hay en ese departamento y para los que aparece una nueva luz de esperanza.
El pasado 3 de octubre se dio inicio a la fase de exhumación de cuerpos sin identificar que yacían en una fosa común del cementerio de la ciudad de Florencia. Se trata de posibles víctimas del conflicto armado, que fueron enterrados hace más de 20 años como personas con nombre desconocido (NN) y que podrán ser identificados gracias a este procedimiento.
De acuerdo con personal de la organización Coordosac Caquetá, hasta el momento se han exhumado 60 cuerpos que fueron embalados y dejados en osarios construidos por la Alcaldía de Caquetá en conjunto con el Ministerio de Justicia, para posteriormente iniciar el proceso de cotejo de ADN. Sin embargo, y de acuerdo con Medicina Legal, no es posible entregar detalles puntuales del procedimiento, pues esto podría comprometer la búsqueda o causar un riesgo para la seguridad de los familiares de las víctimas.
Tabla de hechos de desaparición forzada en el departamento del Caquetá por año.
La exhumación de restos hace parte de las funciones de la Unidad Especial para la Búsqueda De Personas Dadas Por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, concebida en el decreto 589 firmado el 5 de abril del 2017. Esta unidad tiene como objetivo aclarar lo ocurrido en los miles de casos de desaparición en el país.
Según el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja de Identificación Forense de Restos Humanos, el proceso de exhumación se lleva a cabo en tres etapas principales: investigación de antecedentes, recuperación de restos y análisis de laboratorio y conciliación de datos.
Las cifras del Departamento
En el caso de Florencia, las muestras de ADN obtenidas de los cuerpos serán enviadas a Bogotá, donde expertos en genética analizarán y cotejarán los resultados con las bases de datos de familiares que han reportado desaparición. Las conclusiones serán enviadas directamente a las fiscalías que llevan cada proceso legal y aquellos cuerpos que se mantengan en el anonimato se almacenarán en bóvedas a la espera de una coincidencia.
Lo anterior no es una tarea fácil. En Colombia existe una enorme disparidad en las bases de datos para calcular con exactitud el número de víctimas de desaparición forzada. De acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), el número total de víctimas directas de este delito en el país es de 130.071 personas a la fecha, pero las cifras varían dependiendo de la fuente que recopila los datos.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar de los diferentes esfuerzos del gobierno por hacer un registro minucioso sobre los desaparecidos en Colombia, “las cifras de este delito no están construidas y se encuentran fragmentadas, motivo por el cual los datos no son confiables”, reporta en el primer tomo de su informe Normas y Dimensiones de la Desaparición Forzada en Colombia.
Las cifras de este delito no están construidas y se encuentran fragmentadas, motivo por el cual los datos no son confiables
Lo anterior se debe principalmente a que solo hasta el año 2000 se tipificó la desaparición como delito en el Código Penal Colombiano, pues, antes de esa fecha, se había investigado como un caso más de secuestro.
En el caso particular del Caquetá, se habla de 7.192 casos reportados que ocurrieron desde 1985 hasta el 2015, según el Registro Único de Victimas (RUV). El año de más hechos de desaparición forzada en el departamento fue 2002, con 857 casos registrados.
Como si no bastara con la dificultad de registrar a una persona desaparecida, es necesario también clasificar la misma de acuerdo con sus rasgos particulares. De la cifra anteriormente mencionada, 26.239 son presuntas desapariciones forzadas de conflicto armado; 251, desastre natural; 115, por presunto secuestro; 229, presunto reclutamiento y 66 por trata de personas.
Las 103.117 personas restantes (cifra con la que llenaríamos 196 aviones Airbus A380 con capacidad de 525 pasajeros), permanecen en el registro como desapariciones sin clasificar. Tan solo en el departamento del Caquetá la cifra de desapariciones forzadas es de 3.364, según el Centro de Memoria Histórica.
Observatorio Latinoamericano de Memorias 