MONTEVIDEO (Spuntik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que seguirá vigilando el acceso a la justicia en América Latina ante los «altos índices de impunidad» detectados en varios países de la región, en especial en crímenes contra la humanidad.
La CIDH «continuará monitoreando el acceso a la justicia en todos los países de la región, en virtud de los altos índices de impunidad que imperan en muchos de los países», indica el organismo en un comunicado publicado en su página web al culminar su 165 período de sesiones en Uruguay.
El organismo autónomo, parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), detectó esa «impunidad» en distintos casos «en especial para los crímenes de lesa humanidad y de violencia contras las mujeres, contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra líderes y lideresas indígenas y ambientalistas, contra personas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex, personas en situación de pobreza y privadas de libertad, contra niños, niñas y adolescentes en situación de calle o en conflicto con la ley, y contra personas migrantes, apátridas o desplazadas, entre otros grupos».
La CIDH celebró su 165 período ordinario de sesiones en Montevideo desde el pasado lunes y hasta este viernes por invitación del Estado uruguayo.
En este período se realizaron 28 audiencias públicas y reuniones sobre Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y se trataron otros «temas regionales que afectan a América o a subregiones del continente», agrega el comunicado.
La CIDH lamentó que la Corte Suprema de Justicia de Uruguay «haya emitido una sentencia en que declara inconstitucional la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura (1973-1985)».
Esa sentencia, añade el organismo, es contraria «a las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos y a los estándares interamericanos».
En Montevideo se realizó una audiencia solicitada por el Estado de Venezuela en la cual se recibió información de autoridades estatales y de organizaciones de la sociedad civil sobre la situación del derecho a la educación.
Asimismo, a iniciativa propia de la CIDH, se realizaron otras dos audiencias sobre la situación de la institucionalidad democrática y la realidad de la violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela.