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Por: Juan de la Puente

“Tus débiles habilidades no puedencompetir con el poder del Lado Oscuro”

Darth Sidious/Palpatine (Star Wars)

Alberto Fujimori está libre. Su indulto es el acto menos reflexivo de Pedro Pablo Kuczynski respecto de sus consecuencias. El hecho de que sea ilegal y que fuese negociado poco menos que en vivo y en directo, lo hace más espectacular en medio de una crisis donde los actores –casi todos– deambulan sin guion satisfechos con su parlamento. Es una puesta en escena perfecta para una crisis que se antoja extraña y cada vez más implacable con sus protagonistas.

El hecho de que la libertad de Fujimori no fuese deseada por el fujimorismo oficial, por la elite peruana y un sector democrático con memoria, pero sí por la mayoría de peruanos, indica que se ha liberado no solo a un hombre, sino a una bandera. Su liberación es un poderoso mensaje que impacta a la sociedad. Proyecta ideas-fuerza que serán vigentes por mucho tiempo: que la impunidad es socialmente aceptada, que la democracia perdona a los dictadores, que las víctimas no son importantes para la alta política, y que el olvido de los pueblos es tan vigente como la memoria de los mismos pueblos.

Nadie como Fujimori resume el Perú de hoy, pero sobre todo lo explica, especialmente el sistema político que se creía curado de él. Su libertad vía indulto era el eslabón que faltaba para unir los dos ciclos del Perú, 1990-2000 y 2000-2017. Fujimori condenado y sentenciado era la expresión del primer ciclo, y a quienes se juzgaba recientemente son los grandes protagonistas del segundo ciclo. Con Fujimori libre no tiene sentido separar un período del otro; en menos de tres días, el Perú fue derrotado dos veces por la corrupción, la del presente y la del pasado.

El indulto es un golpe a la política postfujimorista o posterior al año 2000. Imposible no pensar que para algunos peruanos –¿pocos, muchos?– la liberación de Fujimori puede ser una llama de esperanza. Se trata de un político con un peso específico en la historia; es el único caudillo que en casi tres décadas ha dado forma a un pueblo, el pueblo fujimorista, y ha creado por contraposición el otro pueblo, el pueblo antifujimorista.

Su liberación pone a los dos pueblos en crisis porque los activa e interpela, los enfrenta al corto plazo, les pide cuentas inmediatas y los fuerza a definir estrategias. Por ello, tiene por lo menos una base de discusión la hipótesis de que hemos retornado a los años noventa. No obstante, aun debemos saber el tipo de división que se ha emplazado entre nosotros porque, aunque parezca surrealista, una parte del fujimorismo no bota espuma por la boca sino habla lenguas extrañas: puentes, gobernabilidad, tolerancia y reconciliación; en tanto que otra, la oficial, está callada escuchando su propia voz y como dice el poema “con sus demonios de debajo”. El tercer fujimorismo, el más grande y atroz, el de a pie, es un ejército de zombies que vaga por su cuenta creyendo que este es el momento de morder y matar.

Es probable que el mismo Fujimori no sepa qué hacer con su libertad y que el segundo paso se le sospeche arriesgado. Sus dos primeros dilemas son si debe dividir su legado (léase Fuerza Popular) y cómo debe hacer la política (directa o indirectamente). El país que encuentra es más pragmático y más impaciente, en suma, más fujimorista que él. Por otro lado, él no es Haya de la Torre, un político perseguido por poderes económicos y clases oligárquicas; y tampoco es Belaunde, un patricio de la democracia, golpeado, que regresó 12 años después, reivindicado. Forzar el retorno tendrá un precio, considerando la fuga, la renuncia por fax, la extradición y la sentencia por corrupción y delitos de lesa humanidad.

Por estas razones, es extraña la pretensión de forzar la reconciliación desde el indulto, una apuesta que hasta suena ofensiva al no considerar los medios, los fines y los plazos. No puede haber reconciliación con jóvenes gaseados en las calles, con magistrados del TC a punto de ser destituidos acusados de conspirar contra militares que no quieren someterse a la justicia en casos graves de violación de DDHH, o con una campaña en curso que tacha de terroristas a los organismos defensores de los DDHH.