Memoria de las víctimas y resistencia

opinion.com.bo

Por Miguel Ángel Miranda

¿Quién hará justicia a las víctimas de octubre del 2003 o a las de Caranavi en 2010, las de Huanuni del 2006, las de Panduro, las de La Calancha en Sucre o las de Porvenir en Pando? ¿Dónde está la justicia para los indígenas reprimidos en Chaparina y en Takovo Mora?

La pregunta es pertinente, ahora que asistimos a una evidente degradación moral, intelectual y política del gobierno del MAS, expresión histórica institucional de aquella movilización social que a inicios del nuevo siglo interpeló al neoliberalismo que dejó más de 60 personas asesinadas, víctimas sobre cuya memoria se ha pretendido construir la legitimidad del régimen de Evo Morales. La pregunta es pertinente porque la profundización de las respuestas fortalecería un movimiento de resistencia moral, para evitar un mayor deterioro del Estado de derecho, del Órgano Judicial y los derechos humanos.

Similares preguntas fecundaron reflexiones y producción intelectual en los años de la posguerra mundial. Escritores, científicos, filósofos y artistas pusieron en debate esta misma cuestión. Ante los crímenes de lesa humanidad no suficientemente atendidos por la justicia institucional, Max Horkheimer destacó el valor del tenaz “anhelo de justicia”, para que “los verdugos de la historia nunca lleguen a triunfar sobre sus víctimas inocentes”. Un clamor radical, anidado en una experiencia de lo más genuinamente humano, que impulsa a evitar que la injusticia infligida a las víctimas tenga la última palabra.

A estas alturas de la historia reciente en Bolivia (¡y en Latinoamérica!), es imposible quedar inmunes a un sentimiento de desolación y falta de esperanza, por el generalizado estado de descomposición en que ha caído la estructura de poder, que gobierna y tiende a hacerlo de forma totalitaria.

Es urgente recuperar esa experiencia radicalmente humana de “anhelo de justicia plena”, porque es germen de una ética radical que conlleva una potencial energía social sobre la que se puede construir una gestión económica y política diferente.

En todos los espacios de la sociedad y del Estado, se requiere que muchos actores —asumiendo decisiones inteligentes— den señales efectivas de resistencia a esa estructura corrupta y de retorno a la ética fundamental que sostiene el derecho.

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