ANUARIO 2017. El histórico segundo juicio a los represores pampeanos se desarrolló a partir del 29 de agosto en un contexto social y político muy diferente al del primer debate, con los imputados beneficiados con libertad o prisión domiciliaria y las víctimas remando por la memoria, la verdad y la justicia en un terreno desfavorable.
Como muestra del cambio de época, una semana antes del inicio, los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa rechazaron el pedido de detención que hicieron la fiscalía y las querellas. De esa forma, permitieron que los acusados no vuelvan a la cárcel, a diferencia de 2010 -cuando se les dictó la prisión preventiva- y se cruzaran con las víctimas y los testigos en los pasillos durante cada cuarto intermedio de las audiencias.
En este juicio se ventilan los padecimientos de 234 víctimas -el primer juicio estuvo acotado a 28- y el expolicía Carlos Reinhart es el único represor aún preso, cumpliendo la condena del primer juicio. El exjefe de Policía de la dictadura Luis Baraldini quedó en libertad el pasado 5 de octubre, con el juicio en marcha, cuando se hizo efectiva la prisión domiciliaria que le otorgaron por tener más de 70 años y se fue a su casa.
Además, el exmilitar Néstor Greppi, también ya condenado, obtuvo el permiso rápidamente para seguir las audiencias desde Capital Federal por teleconferencia. También el policía Roberto Fiorucci -aquejado de problemas de salud-, promediando las audiencias, consiguió el beneficio de permanecer en su casa, donde sigue el debate con ayuda de la tecnología.
En cambio, las víctimas y testigos que desfilaron por la sala del Colegio de Abogados remaron contra la corriente de cierto desinterés de la sociedad y declararon con valentía y entereza los horrores que padecieron. Un aliciente, tal vez, fue la presencia en la sala en muchas oportunidades de delegaciones de estudiantes secundarios en el marco de un programa de la Secretaría de Derechos Humanos.
En las primeras jornadas abrieron el camino los querellantes Guillermo Quartucci, Raquel Barabaschi y Pinky Pumilla, con lúcidos testimonios que, no por repetidos, dejaron de reafirmar una vez más que la provincia no fue una isla y decenas de estudiantes, militantes sociales y políticos padecieron secuestros, torturas y persecuciones.
Luego, semana tras semana, un centenar de víctimas y testigos desfiló frente al tribunal, dando cuenta de los horrores que les tocó vivir. Los primeros detenidos ilegales del aparato represivo que se conformó aún antes del golpe con la presencia del sanguinario Ramón Camps en la provincia, estudiantes y profesores universitarios, médicos del servicio integral, periodistas, contaron sus historias de dolor y angustia. También los docentes del colegio de Jacinto Arauz que fue copado por fuerzas conjuntas, un hito de la represión en la provincia, bajo el delirio de los delatores y los represores que imaginaron la presencia de una célula terrorista en ese lugar.
Además, reaparecieron las dudas sobre el rol que jugaron el exgobernador Rubén Marín y el sindicalista Carlos Aragonés, enfrentados en la historia previa al golpe con otros dirigentes del PJ y el gobernador de entonces, José Regazzoli, quienes sufrieron cárcel y castigos. Fruto de esas sospechas, los querellantes no les hicieron preguntas, una forma de no convalidar el papel de víctimas con el que testimoniaron nuevamente.
En esta primera parte del juicio, los represores cambiaron de estrategia con respecto al primer juicio y en varias ocasiones rompieron el silencio para desafiar datos puntuales de las versiones de los testigos que los apuntaron. “Nunca vi una picana en mi vida”, llegó a decir Oscar Yorio, o “nunca he sido rubio”, se animó a replicar el “Ruso” Reinhart, ambos ya condenados durante el primer juicio.
Baraldini asumió el mayor protagonismo y declaró durante dos jornadas, en extensas indagatorias de más de una hora cada una. Se declaró “orgulloso” de la tarea que habían realizado sus colaboradores, aunque intentó despegarse de las acusaciones con el increíble pretexto de qué el mismo -jefe de la Policía- no había tenido relación con el grupo de tareas.
El debate llegó hasta mediados de diciembre, se reinicia el próximo 6 de febrero y se espera sentencia a mitad de año. La avanzada edad de los represores y el cambio de criterio de los tribunales apenas abre expectativa para que el veredicto sirva para apuntalar el proceso de memoria, verdad y justicia que sostuvieron históricamente las asociaciones de derechos humanos.
La mayoría de los condenados, seguramente, cumplirá pena con prisión domiciliaria. Será la primera sentencia para Baraldini -antes estuvo prófugo-, igual que para los policías Oscar “Miseria” López, Miguel Ángel Ochoa, Jorge Osvaldo Quinteros, Juan Domingo Gatica, Luis Horacio Lucero, Orlando Osmar Pérez y el médico Máximo Alfredo Pérez Oneto. A una segunda condena se exponen el exmilitar Néstor Omar Greppi, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Roberto Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo y Hugo Roberto Marenchino.
Observatorio Latinoamericano de Memorias 