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El presidente Santos sancionó una ley para revivir esta asignatura en las aulas, para lo que fue necesario reunirse con las facultades, academias y profesores de la materia.

La clase de historia de Colombia será dictada de manera independiente y obligatoria en todos los colegios del país. Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1874, que constituye nuevamente la materia de historia dentro del pensum académico de los colegios colombianos. Pasaron 32 años desde que la materia dejó de ser dictada como una asignatura autónoma.

Viviane Morales, senadora ponente del proyecto de ley, tuvo que reunirse con las facultades, academias y profesores de historia del país para revivir la asignatura.

“Nuestra generación de jóvenes conoce muy poco la historia de nuestro país. Por eso consideré una tarea indispensable como senadora revivir la enseñanza de la historia como materia obligatoria e independiente”, señaló la congresista.

“Durante dos años y medio trabajamos para discutir sobre un proyecto de ley que volviera a señalar como obligatoria la asignatura de historia”, agrega Morales.

La ley tiene tres objetivos claros por los cuales se debe enseñar la asignatura de historia de Colombia en las aulas:

– Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la Nación colombiana.

– Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial.

– Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país.

“Es indispensable que conozcamos nuestra historia, nuestras raíces, las razones de nuestros conflictos, que miremos a la historia de una materia crítica, para también poder señalar las alternativas, las salidas y los desafíos que tenemos en el futuro como nación”, argumenta la senadora.

Es así, como una comisión asesora del Ministerio de Educación, integrada por reconocidas academias y maestros de historia del país, desarrollará la forma en la que la materia sea evaluada. Para ello hay un plazo de dos años a partir de la sanción presidencial.